El diputado Betserai Richards, miembro de la coalición independiente Vamos, presentó una propuesta legislativa para fortalecer la Ley 6 de 2022, que regula la Transparencia en la Gestión Pública, establece el derecho de Habeas Data y dicta otras disposiciones.
La propuesta busca ampliar los mecanismos de acceso a la información y garantizar una mayor rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, ya que informes de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) indican que entidades públicas, municipios y juntas comunales no están cumpliendo con estos requerimientos.
Por ejemplo, datos estadísticos de junio de 2024, disponibles en la Plataforma de Monitoreo de Transparencia de la ANTAI, precisan que un 30.4% de las instituciones y un 64.3% de los municipios están incumpliendo con la obligación de suministrar información. No hay datos disponibles sobre las juntas comunales.
Además, el diputado Betserai Richards presentó el Anteproyecto de Ley, que modifica la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. pic.twitter.com/kwvlYaIxOC
— Asamblea Nacional (@asambleapa) July 31, 2024
Ante este escenario, Richards planteó la necesidad de “fortalecer” la Ley de Transparencia para asegurar el cumplimiento de las entidades y gobiernos locales.
La propuesta
Una de las primeras inclusiones en la iniciativa de ley es “ampliar” el alcance de la definición de institución para incluir a las empresas públicas en la rendición de cuentas.
También propone establecer la obligatoriedad de que las instituciones publiquen en sus respectivas páginas web información relacionada con la contratación de funcionarios, planillas, viajes, gastos de representación, así como actos públicos y pagos por consultorías y servicios profesionales.
Por otra parte, la iniciativa legislativa establece la obligatoriedad de que todas las entidades que otorguen becas, subsidios o auxilios económicos publiquen trimestralmente en sus sitios web el nombre de los beneficiarios y el monto otorgado.
Es relevante recordar que, en el caso de los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), el contralor Gerardo Solís decidió ocultar el nombre del 56% de los beneficiarios entre julio de 2019 y mayo de 2023.
Además, se establecen sanciones para aquellos funcionarios que incumplan con la obligación de suministrar información como parte de una acción de Habeas Data, incluyendo una multa equivalente al doble de su salario y, en caso de reincidencia, la destitución.
