Boutiques, testaferros y cocaína: así operaba la red de lavado de ‘La Mafia Filipina’

Tras cuatro años de seguimiento, la fiscalía reconstruyó una estructura internacional que enviaba cocaína a Europa y ocultaba sus ganancias mediante empresas y presuntos testaferros.

Boutiques, testaferros y cocaína: así operaba la red de lavado de ‘La Mafia Filipina’
Uno de los detenidos en la operación Corsario. Cortesía Policía Nacional

Como parte de la Operación Corsario, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la aprehensión de 13 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “La Mafia Filipina”, señalada de infiltrar terminales portuarias panameñas para enviar cargamentos de cocaína hacia Europa y otros mercados internacionales.

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La medida, emitida el 20 de julio de 2026, representa el desenlace de una investigación que se extendió por más de cuatro años y documentó el funcionamiento de una de las redes de narcotráfico más sofisticadas detectadas en el país.

El expediente judicial sostiene que la estructura había desarrollado un esquema para utilizar contenedores marítimos como medio para el tráfico internacional de drogas. La investigación describe una operación con ramificaciones dentro y fuera del país, capaz de movilizar cocaína hacia Europa y otros mercados internacionales mediante una logística cuidadosamente planificada.

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La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron allanamientos en el área de Santa María, corregimiento de Betania. Cortesía.

Las pesquisas

Las pesquisas comenzaron el 16 de mayo de 2022, cuando una unidad especializada de la Policía Nacional recibió información sobre una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en puertos del Pacífico. A partir de esa alerta se iniciaron seguimientos, vigilancias e interceptaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento del grupo.

Las autoridades identificaron como principal líder de la organización a Sebastián Enrique Díaz Ángelo, conocido con los alias de “Toti” o “Sebas”. Según el expediente, su experiencia como extrabajador portuario le permitió conocer los procedimientos internos y las vulnerabilidades de las terminales, conocimiento que habría utilizado para facilitar la contaminación de contenedores con cocaína.

La organización mantenía una estructura jerárquica con funciones específicas. Entre sus integrantes figuraban presuntos coordinadores responsables de trasladar grandes cantidades de cocaína desde distintos sectores de la capital hasta las terminales portuarias del Pacífico.

La logística terrestre también respondía a un esquema meticuloso. La cocaína era transportada en vehículos con doble fondo y luego ocultada en “casas caletas”, antes de ser trasladada a los puertos por trabajadores que, según la Fiscalía, colaboraban con la organización. Los principales destinos de los cargamentos eran países europeos, especialmente España, aunque las investigaciones también documentan coordinaciones para envíos hacia Centroamérica y Norteamérica.

La estrategia

Para reducir el riesgo de ser descubiertos, los integrantes de la estructura evitaban las llamadas telefónicas convencionales. En su lugar, utilizaban plataformas de mensajería encriptada para coordinar los movimientos de la droga y mantener la comunicación entre los distintos niveles de la organización.

Uno de los golpes más importantes ocurrió el 1 de junio de 2023, cuando las autoridades decomisaron 46 paquetes de cocaína ocultos en una residencia de Betania.

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Italys Suira, una de las relacionadas en el caso. Tomado de internet

La dimensión internacional del caso volvió a quedar en evidencia el 21 de agosto de 2023, cuando autoridades españolas decomisaron 185 paquetes de cocaína en el puerto de Valencia. Según la investigación panameña, el cargamento había salido del país en un contenedor contaminado bajo la logística de la misma organización.

Además del tráfico de drogas, la Fiscalía sostiene que la estructura contaba con un brazo dedicado al blanqueo de capitales mediante el uso de presuntos testaferros para adquirir bienes inmuebles, vehículos y apartamentos de lujo.

Tras recopilar actas de vigilancia, interceptaciones y auditorías financieras realizadas entre 2022 y 2026, el Ministerio Público concluyó que existían elementos suficientes para ordenar la captura de los 13 principales implicados, poniendo fin —según las autoridades— a una de las redes de narcotráfico más sofisticadas que ha operado desde los puertos panameños.

Testaferros

Una de las personas sobre las que pesa una orden de aprehensión y que decidió entregarse esta semana es Italys Suira Talavera, señalada por la Fiscalía como presunta hijastra de Sebastián Enrique Díaz Ángelo. Su madre, Norma Talavera, también figura entre las personas requeridas por la justicia y, de acuerdo con la investigación, mantenía una relación sentimental con quien las autoridades identifican como el presunto cabecilla de la organización criminal.

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La sucursal es un negocio vinculado a Italys Suira. Tomando de internet

Uno de los elementos centrales de la investigación es que tanto la madre como la hija habrían actuado como presuntas testaferros de la organización criminal. Según la Fiscalía, ambas figuraban al frente de empresas y otros negocios que presuntamente eran utilizados para ocultar el origen de los fondos.

Una búsqueda en el Registro Público muestra que ambas aparecen vinculadas a la sociedad Dream Society Panama, S.A., razón social de The House by La Sucursal, una boutique ubicada en la avenida Balboa. En esa empresa también figura como tesorera la influencer Jackeline Guzmán. Suira Talavera aparece como presidenta y representante legal, mientras que su madre figura como secretaria.

Suira Talavera también aparece como propietaria de otro establecimiento comercial, Velvet Boutique. Además, se conoció que la investigada mantiene una relación con el hijo del exdirector de Pandeportes Héctor Brands, quien permanece detenido.

Hasta el momento, la Operación Corsario ha dejado al menos cinco personas aprehendidas. Sin embargo, la orden de captura se mantiene vigente contra los 13 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “La Mafia Filipina”.


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