Ya no se sabe si Panamá es un Estado de derecho… o de izquierdos. Si usted tiene que llevar a su abuelita urgentemente al hospital en mitad de la noche y lo sorprenden en un retén con la licencia de conducir vencida, como eso es toda una amenaza para la seguridad colectiva, pasará un buen par de horas allí mientras se llevan su carro en una grúa y a usted lo multarán por violar el reglamento de tránsito. Y la abuelita… que se defienda como pueda.
En cambio, si usted en pleno día participa de una horda violenta que se cubre el rostro, destruye la fachada de la Contraloría General de la República y prende fuego a vehículos oficiales o a una de las casetas del SPI en la cinta costera, no le pasará nada. ¡NADA! En lugar de ello, instruirán a un par de ministros para que lo reciban después en la Presidencia, mientras el mandatario se queda esperándolo en un salón con los brazos cruzados. Quizá por esa razón, los creadores de la película de terror de esta semana han decidido lanzar su última producción: un anteproyecto para derogar la Ley 406 de 2023. Una derogación que sería tan perjudicial para Panamá, que hasta los diputados desistieron de su catastrófico intento propio de hace un par de semanas. Pero, parece que, más allá de sus destructivas maniobras y la delirante repetición de consignas de comienzos del siglo pasado, cierto grupo parece dirigir sus esfuerzos hacia la profundización de la crisis y no a contribuir con solución alguna. Dicen estar en contra del contrato minero, pero en realidad hacen todo lo posible por poner al país de rodillas frente la minera antes de que la Corte llegue a declarar la inconstitucionalidad de la Ley 406. Ojalá que ese vicioso intento no sea la prueba que pretenden ofrecer a alguna empresa para que les permitan hacerse del control de su sindicato.
Mientras unos esperan el fallo, otros aguardan por la plata. En ocho días se supone que será efectivo el aumento de los pagos a 120,315 jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de $350 al mes. Este incremento será financiado con los aportes de $375 millones anuales al Estado, que es una de las obligaciones contractuales de Minera Panamá. ¿Acaso ni una de esas demandas de inconstitucionalidad pidió a la Corte declarar la suspensión provisional de los efectos de la Ley 406, hasta que se defina su legalidad?
Ahora que el río está revuelto, hay pescadores oportunistas buscando sus presas. Y como las violaciones a la Constitución están de moda, el loco amaneció ayer pidiendo que adelantaran las elecciones presidenciales “en los próximos 60 días, antes de que la explosión social destruya violentamente este sistema anacrónico, clientelista y corrupto”. Es difícil saber si esta es una amenaza a los panameños, una desesperada petición para que las elecciones se celebren antes de que el fallo de New Business quede en firme o ambas cosas. Lo que sí se aprecia con claridad en ese mensaje es que parece estar genuinamente preocupado por la posibilidad de que el clientelismo y la corrupción desaparezcan del país si las elecciones se realizan en la fecha prevista. Al fin y al cabo, todos recordamos en qué administración se exacerbaron estas nocivas prácticas.
