El tango que sincronizadamente bailan el gobierno y ciertas organizaciones radicales ha reducido la paciencia de la gente, mientras que los eventos ligados a los cierres de vías amenazan con dejar graves heridas. Esta semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió que la ya desmejorada situación fiscal, aunada al impacto que la crisis actual tendrá en las finanzas públicas, hará inviable que el gobierno mantenga el festín de vales digitales, incluso para aquellos que queden sin empleo después de 36 días de protestas. ¿Y a cuántos se ha “judicializado” -para emplear la jeringonza de palacio- por cerrar vías, arrojar piedras a los vehículos y hasta exigir peaje a los conductores? Las vías no es lo único que ha estado cerrado; también las escuelas oficiales, donde acude el 87% de la población estudiantil. ¿Alguien sabe qué harán esos 830 mil estudiantes que tienen más de un mes sin recibir clases, en la recta final del año académico?
Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas -es decir, el alma de la fiesta- anunció que el presupuesto general del Estado para el año 2024 (que no ha sido aprobado aún por la Asamblea) se reduciría significativamente “debido a las cambiantes condiciones en el país”. Y es que el asunto es muchísimo más grave de lo que han admitido. Antes de la aprobación del contrato minero, ya había una baja en las recaudaciones fiscales y menos ingresos del Canal producto de la disminución del calado permitido. Eso, sumado a un gasto público exorbitante, es lo que presiona la calificación del riesgo del país. Y nada de eso sucedió al azar: es producto del bacanal de becas, auxilios, planillas secretas, descentralizaciones paralelas, subsidios y créditos fiscales al turismo, que algunos convenientemente ignoraron.
Volviendo al Conep, la Unidad de Análisis Económico de ese gremio ha contabilizado al menos $2,210 millones en pérdidas económicas, lo que equivale nada menos que al 3% del PIB del año pasado. Casi todas las actividades económicas se han visto afectadas: el agro, la pesca, la industria agroalimentaria, la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes y el transporte terrestre. El Conep calcula que los escasos 22 días laborales que restan para finalizar el año no serán suficientes para recuperar todo lo que se ha perdido: producción, insumos, exportaciones, clientes, citas, consumo, tributos… Además, se calcula que el 10% de las micro, pequeñas y medianas empresas no sobrevivirá, tomando como referencia la experiencia de las protestas de julio de 2022. Todo esto implica pérdidas de puestos de trabajo, suspensión de contratos laborales, reducciones de jornada y vacaciones adelantadas. Solo falta que un corrupto lavador le hinque sus colmillos a las sobras que dejará la presente administración, para terminar de despojarnos. Es peor que si estuviésemos en pandemia; en realidad, no aprendimos nada de ella.
