La Contraloría es como una competencia de patineta: hay reglas, pero algunos salen ilesos aunque las violen; otros, aún cumpliéndolas, pueden terminar seriamente lesionados. El contralor, por su parte, no rinde cuentas a nadie y la Asamblea Nacional, que es la entidad que debe citarlo con ese fin, tiene razones inconfesables para no hacerlo. En consecuencia, este funcionario se conduce como una deidad; su firma, como el agua del río Jordán, es capaz de redimirlo todo, sin importar la gravedad del pecado. Basta con ver lo sucedido cuando el subdirector de la AIG le solicitó una auditoría para averiguar qué ocurría con la plataforma que da servicio al vale digital. El contralor le respondió que su labor era “corregir y no investigar”. Eso, no obstante, es falso. Según la Constitución y su ley orgánica, la Contraloría debe investigar para determinar la “corrección o incorrección” de operaciones que afecten el patrimonio público y fiscalizar que el manejo de fondos y bienes del Estado se haga con “corrección”. Es posible que en su juventud el contralor haya faltado a alguna clase de español, porque allí el término “corrección” se refiere a que las cosas se hagan bien; no hay nada allí que le dé facultades para corregir nada. Y eso que, en el ámbito de las contrataciones públicas, corregir podría equivaler a encubrir.
Otra de las facultades que sí tiene el contralor es la de demandar la declaración de inconstitucionalidad o de ilegalidad de las normas violatorias de la Constitución o que afecten patrimonios públicos. A pesar de ello, Gerardo Solís no tuvo problema en refrendar el contrato con Minera Panamá, apenas tres días después de que el Consejo de Gabinete lo aprobara, sin que él -ni alguno de los 144 asesores legales y económicos emplanillados en la Contraloría- detectara ninguna de las inconstitucionalidades que encontró la Corte Suprema en la ley que lo adoptaría. ¡Ni siquiera una de las 25! Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Decidió ignorar esa responsabilidad o acaso allí también se dedicó a “corregir y no demandar”? Ahora se ve con más claridad por qué este señor ha justificado el escandaloso aumento de la planilla estatal, el supuesto “derecho” de los diputados a contratar “trabajadores comunitarios”, el refrendo de las transferencias de la descentralización a favor de juntas comunales controladas por el PRD, la renovación automática de la concesión de PPC y su mirada hacia otro lado ante las compras más polémicas del Estado durante la pandemia, incluyendo la de los ventiladores, las mascarillas y el hospital modular. ¿Para eso es que quería ser contralor? ¿O es que en todo momento su plan consistió en actuar con la complicidad con la que que lo ha hecho por cuatro años? Si no estaba dispuesto a hacer el trabajo que constitucionalmente le corresponde, mejor no se hubiese bajado de la moto.
