El presidente José Raúl Mulino anunció el pasado 1 de julio una serie de medidas para enfrentar el aumento de la criminalidad y la crisis del sistema penitenciario.
La estrategia anunciada ha sido interpretada por diversos sectores como la adopción de la política de “la bukelización”, un modelo de seguridad de “mano dura” impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Durante su informe a la Nación en la Asamblea Nacional, Mulino anunció la aplicación de un “plan de fuerza mayor” que contempla el aislamiento total de los líderes de pandillas, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el endurecimiento en las normas penitenciarias para quienes continúen delinquiendo desde prisión y un mayor despliegue policial en las calles.
El mandatario también planteó reforzar la vigilancia mediante cámaras corporales para los agentes, el uso de drones y el aumento de la presencia policial en los barrios.
“Voy a ser claro: prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando y robando”, dijo.
Su estrategia no tomó por sorpresa a la ciudadanía. Dos semanas después de la fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita, en Las Garzas, ocurrida el pasado 1 de junio, Mulino ya había anticipado un cambio.
“Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes, con nuevas estructuras y políticas públicas que anunciaré el primero de julio”, declaró durante su conferencia semanal del 18 de junio.
Para entonces ya había ordenado una requisa masiva en los centros penitenciarios. Las imágenes difundidas por el Gobierno mostraban a decenas de reclusos sentados en fila, sin camisa, en pantalones cortos y esposados con las manos hacia atrás, bajo custodia de policías armados, mientras se inspeccionaban las celdas.
Las escenas fueron comparadas con las divulgadas en su momento por el Gobierno salvadoreño durante los traslados de pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad.
Pero, el Gobierno aún no ha explicado públicamente qué ocurrió durante esa fuga del 1 de junio en La Joyita ni ha divulgado los resultados de la investigación sobre la muerte de tres privados de libertad durante el motín. Tampoco se anunciaron destituciones de altos funcionarios; únicamente fue removido el jefe de seguridad del penal. Jorge Torregrosa, además, presentó su renuncia como director del Sistema Penitenciario.
Tres nuevas cárceles
El plan anunciado por Mulino está acompañado por su ambicioso plan de infraestructura penitenciaria que supera los 390 millones de dólares.
El Ministerio de Gobierno prepara la licitación para el diseño y construcción, bajo la modalidad de alianza público-privada (APP), de un nuevo Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, cuyo costo se estima en 130 millones de dólares. El penal tendrá capacidad para unos 2,000 privados de libertad y estará ubicado cerca del complejo La Joya, en Las Garzas.
A ello se suma una segunda cárcel especializada en rehabilitación y resarcimiento para personas en la etapa final de cumplimiento de sus condenas. El proyecto tiene un precio de referencia de 85 millones de dólares y capacidad para 2,500 internos bajo un régimen de confianza y prelibertad.
El tercer proyecto corresponde al nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, en Divisa, provincia de Herrera, con una inversión estimada de 177.2 millones de dólares y capacidad para 3,000 personas privadas de libertad. Aunque el proyecto enfrenta el rechazo de residentes y autoridades locales, el proceso de contratación continúa: el pasado 2 de julio, al menos 18 empresas participaron en el acto de homologación y la presentación de propuestas está prevista para el 23 de julio.
Críticas al modelo
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo generaron cuestionamientos de organizaciones civiles, dirigentes políticos y la Iglesia católica.
La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, sostuvo que la evidencia internacional muestra que el llamado “populismo punitivo” no ha logrado reducir el crimen organizado y, por el contrario, ha provocado hacinamiento penitenciario, pérdida del control estatal sobre las cárceles y una creciente militarización que termina erosionando las democracias.
De Obaldía citó conclusiones presentadas durante un foro sobre seguridad y crimen organizado realizado la semana pasada durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde participaron expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Según explicó, los estudios muestran que las democracias con Estado de derecho sólido, independencia de poderes, respeto a los derechos humanos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas son más resistentes al crimen organizado que los sistemas autoritarios.
También advirtió que uno de los principales riesgos para combatir las estructuras criminales no son únicamente los cabecillas de las pandillas, sino la infiltración de actores corruptos dentro del propio Estado y de los organismos de seguridad.
“Tenemos un presidente que está presentando soluciones que los expertos a nivel global saben que no producen el resultado que se quiere”, aseguró.
También criticó que el Gobierno salvadoreño utilice una intensa estrategia de comunicación para mostrar resultados sin que exista, a su juicio, suficiente verificación independiente debido a las restricciones que enfrentan medios de comunicación, los periodistas y organizaciones independientes en ese país. “En El Salvador expulsaron al periodismo independiente”, recordó.
Por su parte, el exdiputado y exalcalde capitalino José Blandón consideró que el anuncio presidencial parte de un diagnóstico equivocado sobre el sistema penitenciario.
Recordó que Panamá figura entre los países con mayor hacinamiento carcelario de América Latina y posee una de las tasas más altas de personas privadas de libertad por habitante en la región.
A su juicio, ampliar la infraestructura penitenciaria no resolverá por sí sola el problema de la criminalidad.
Blandón también cuestionó el costo de los nuevos proyectos carcelarios. Señaló que, mientras el Gobierno prevé invertir cerca de 392 millones de dólares en tres nuevos complejos penitenciarios, la prisión de máxima seguridad construida por El Salvador para albergar hasta 40 mil reclusos tuvo un costo reportado de alrededor de 115 millones de dólares.
El llamado de la Iglesia
La Conferencia Episcopal Panameña, que concluyó este viernes su Asamblea Ordinaria No. 225, también se pronunció sobre la situación penitenciaria.
En su mensaje, los obispos advirtieron que el sistema penitenciario “interpela la conciencia nacional” debido a las condiciones de hacinamiento, violencia y desesperanza que enfrentan las personas privadas de libertad.
“La Iglesia no justifica el delito ni desconoce el derecho de la sociedad a vivir en seguridad, pero recuerda que toda pena debe estar orientada también a la rehabilitación y a la esperanza”, señalaron.
Además, exhortaron al Estado a impulsar políticas penitenciarias que, sin renunciar a la justicia, promuevan la rehabilitación integral, la reinserción social y el respeto de los derechos fundamentales.
De acuerdo con datos del World Prison Brief, el sistema penitenciario panameño opera con una ocupación superior al 160 % de su capacidad oficial, una de las tasas más altas de la región.
Cifras del Sistema Penitenciario indican que la población carcelaria hasta mayo de 2026 era de 24,130 presos, con una sobrepoblación de 9,803.
