La reducción de una serie de privilegios que tienen ciertos cargos dentro de la estructura del Estado fue puesta sobre la mesa para su discusión.
Roberto Zúñiga, diputado de la bancada Vamos, presentó un proyecto de ley que busca prohibir “privilegios injustificados” a los funcionarios de gobierno.
Zúñiga enumeró esas prerrogativas: vehículos adquiridos bajo regímenes preferenciales, gastos de telefonía personal, combustible, viajes, tarjetas institucionales utilizadas sin controles suficientes y escoltas destinados a actividades privadas.
“Durante años, la población ha sido testigo de escándalos de corrupción, privilegios injustificados y un uso discrecional de los recursos estatales que han alimentado la percepción de que existen dos realidades distintas: la del ciudadano que paga impuestos y enfrenta el alto costo de la vida, y la de algunos altos funcionarios que disfrutan de beneficios financiados con el dinero de todos”, sustentó el diputado.
Indicó que su iniciativa busca fortalecer principios elementales de ética pública: austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
“Ningún beneficio personal puede justificarse únicamente por el cargo que ocupa un servidor público. Solo aquellos gastos que sean estrictamente necesarios y razonables”, dijo.
Presentamos nuevamente el anteproyecto de ley que prohíbe los privilegios injustificados para las autoridades.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 30, 2026
Creemos en un servicio público basado en la igualdad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Menos privilegios y más resultados. Porque un cargo público es para… pic.twitter.com/7Unn8s3PKj
La propuesta, explicó Zúñiga, no pretende impedir que las autoridades cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar eficazmente sus responsabilidades.
Por el contrario, reconoce que determinadas facilidades pueden resultar indispensables para garantizar la continuidad del servicio público, la seguridad institucional o la representación oficial del Estado. Sin embargo, dichas facilidades deben responder a criterios objetivos, proporcionales y verificables, “nunca a privilegios personales o discrecionales”.
El proyecto establece que quedan comprendidos dentro del régimen de prohibición o control regulado el pago de servicios de telefonía móvil personal con fondos públicos, las dietas y viajes oficiales que excedan los topes establecidos en la ley, los escoltas y personal de seguridad destinados a fines domésticos o personales.
También quedan prohibidas las franquicias postales, tarjetas de crédito o débito institucionales y combustible oficial utilizados para fines distintos a los estrictamente institucionales, la realización de eventos institucionales que no respondan a los objetivos de la entidad, las exoneraciones para la adquisición de vehículos de uso personal, recibir libretas o contratos de la Lotería Nacional de Beneficencia, administrar cupos de transporte selectivo o colectivo y las cirugías estéticas.
“Mientras miles de familias hacen sacrificios para cubrir necesidades básicas, el Estado ha asumido en ocasiones gastos que responden más a privilegios personales que a necesidades institucionales”, recordó Zúñiga.
Corresponderá a la Contraloría General de la República la fiscalización del cumplimiento de la norma, en materia de manejo de fondos públicos, y a la Procuraduría de la Administración la instrucción y resolución de los procesos disciplinarios, dice la propuesta.
Quienes incumplan, destaca la propuesta, serán sancionados. La primera vez será infracción leve: amonestación escrita y reintegro íntegro del monto indebidamente percibido.
La segunda será una infracción grave: suspensión del cargo de treinta a noventa días sin derecho a remuneración, y reintegro del monto correspondiente.
Y la última está catalogada como infracción gravísima: destitución del cargo, inhabilitación para ejercer funciones públicas de uno a diez años, y remisión del expediente al Ministerio Público cuando los hechos pudieran constituir delito de peculado.
