En la Asamblea Nacional, toda maniobra política tiene consecuencias. La reelección de Luis Eduardo Camacho como presidente de la Comisión de Gobierno no solo reafirma el dominio de Realizando Metas (RM) en una de las instancias legislativas más estratégicas, sino que también reabre un capítulo que parecía cerrado: la posibilidad de una amnistía para Ricardo Martinelli.
Camacho, uno de los más leales defensores del expresidente de la República condenado por blanqueo de capitales, se impuso el pasado miércoles gracias a una alianza de última hora que unió votos de RM, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD). Cinco votos bastaron para vencer a Janine Prado, de la bancada Vamos.
El desenlace estuvo marcado por el viraje político de Didiano Pinilla (CD), quien semanas antes había respaldado al bloque opositor para arrebatar la presidencia de la Asamblea al oficialismo.

En la Comisión de Gobierno se deciden los destinos de reformas constitucionales, electorales y proyectos de alto impacto institucional. Aunque Camacho ha dicho que uno de sus principales objetivos en la presidencia de esta instancia legislativa es el de impulsar una propuesta de reformas electorales al margen de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la aritmética legislativa y su historial político alimentan otra expectativa: que se retome la propuesta que le daba amnistía a Martinelli y también al expresidente Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, llamado a juicio por el caso Odebrecht.
Ese proyecto, impulsado en el pasado periodo por el diputado Jairo “Bolota” Salazar (PRD), fue rechazado por la Comisión de Gobierno en abril pasado con cinco votos en contra. Sin embargo, Camacho intentó darle oxígeno a la propuesta con un informe de minoría en el pleno legislativo. No obstante el tema no fue debatido.

En abril, al sustentar su posición, Camacho no dejó dudas sobre su objetivo: “Libertad para Ricardo Martinelli”, proclamó antes de calificar el proyecto como una respuesta a lo que considera la “judicialización de la justicia con fines políticos”.
Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Se encuentra asilado en Colombia, adonde viajó para evadir la ejecución de su sentencia. Una amnistía, de acuerdo con juristas, no solo lo liberaría de esa condena, sino que también sentaría un precedente jurídico y político inédito desde el retorno a la democracia en 1989.

Los defensores de la iniciativa argumentan que la amnistía serviría para reparar supuestas persecuciones judiciales motivadas por rivalidades políticas. Sus detractores la ven como una amenaza directa al Estado de derecho, un mecanismo para borrar condenas firmes y una muestra de cómo las mayorías circunstanciales en la Asamblea pueden alterar el sentido de la justicia.
La diputada Prado aboga porque la directiva de la Comisión de Gobierno se enfoque en analizar las propuestas que lleguen a esa instancia y que no se engaveten otras por discrecionalidad. “Y que no se aprueben sin ningún orden cronológico, como ocurrió con el proyecto de amnistía del diputado Salazar en el periodo pasado: se presentó ante el pleno un día y al siguiente ya se estaba debatiendo”, advirtió.
El momento político también influye. La presidencia de la Asamblea, ahora en manos del panameñista Jorge Herrera gracias a una alianza multipartidista, ha demostrado que las lealtades legislativas pueden cambiar con rapidez. El propio Pinilla es ejemplo de esa volatilidad y de las traiciones.
Camacho conoce bien las entrañas del poder: fue vocero de Martinelli durante su presidencia (2009-2014) y, después, una de las voces más persistentes en su defensa durante las investigaciones judiciales. La presencia de Bolota Salazar en la Comisión de Gobierno, uno de los más férreos promotores de la amnistía, mete presión directa para que el tema se cuele en la agenda.
El resultado dependerá de lo que ocurra en los pasillos de la Asamblea en las próximas semanas. En ese tablero, Luis Eduardo Camacho se ubica en una posición relevante. Y para Martinelli, desde su refugio en Colombia, cada movimiento en el Legislativo puede acercarlo o alejarlo de la posibilidad de regresar a Panamá como un hombre libre.
