En la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el reloj lo marca Luis Eduardo Camacho. Este miércoles, el presidente de la instancia dejó claro que las propuestas anticorrupción del procurador Luis Carlos Gómez no avanzarán al ritmo de lo que llama presión pública, sino al compás del reglamento legislativo.
“Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, había dicho días atrás. Ahora reforzó esa filosofía con un nuevo dardo: “No voy a saltarme procedimientos porque un funcionario sienta que sus proyectos son más importantes que otros”.
La frase, lanzada con calma estudiada y un dejo de ironía, respondió directamente a la insistencia del jefe del Ministerio Público, encargado de perseguir los delitos, quien el pasado 24 de julio presentó a la Asamblea dos proyectos de ley anticorrupción: uno crea la ley general anticorrupción y el otro reformas al Código Penal para endurecer las sanciones por delitos contra la administración pública.
Camacho explicó que los proyectos fueron presentados el 24 de julio y remitidos a la comisión el 27 de agosto. “Por eso era imposible acceder a la solicitud que hizo”, dijo en el salón Azul del Palacio Justo Arosemena.
“Mal podríamos nosotros dar un debate a proyectos que no estaban en consideración de esta comisión”, agregó.
La burocracia como escudo
El diputado oficialista y hombre leal del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, no se limitó a defender la formalidad. También se escudó en la lentitud de la burocracia: “El 5 de septiembre remitimos varias correspondencias a diferentes autoridades para solicitar la emisión de conceptos con respecto a esos dos proyectos, y a la fecha han pasado 12 días y ninguna de esas autoridades ha dado respuesta”.
Y volvió a disparar con ironía: “No voy a actuar violando los procesos administrativos y los procesos que establece el reglamento porque cualquier funcionario, sea el presidente de la República, el procurador o el contralor, me pida hacer algo que el reglamento no me permite”.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) September 17, 2025
El trasfondo de este tema es un pulso de poder: el procurador busca adecuar la legislación panameña a estándares internacionales de lucha contra la corrupción, mientras Camacho, curtido en el ajedrez legislativo y la política criolla, marca los tiempos con calculada lentitud.
Otros proyectos avanzan
Mientras el debate anticorrupción permanece congelado, la Comisión de Gobierno acogió varias iniciativas. Entre ellas, una propuesta de ley presentada por Augusto Palacios, de Vamos, que cierra la laguna legal que permite que delitos de menos de $1,000, como hurtos o estafas, sean tratados solo por jueces de paz, en lugar de la justicia penal.
Lea aquí: Los reincidentes en hurtos y estafas de bajo monto enfrentarían sanciones penales
Un proyecto similar, presentado por José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), otorga facultad a los jueces comunitarios de paz para imponer arrestos de un mínimo de dos días o 48 horas en delitos con daños que superen los $500.
Otra iniciativa que pasó el filtro de la comisión fue la que presentó Ernesto Cedeño, de Moca, relacionada con la calumnia e injuria. Igualmente se prohijó una prouesta de ley impulsada por Edwin Vergara, del Partido Panameñito, para garantizar el libre tránsito en caminos y rutas públicas.
