La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se sumó a las críticas contra el Acuerdo 407, aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permite a los magistrados retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación.
“Nos encontramos en un momento de poner la casa en orden, en el que enfrentamos decisiones difíciles, pero necesarias. Este tipo de acciones no refuerza esa necesidad, sino que la debilita, presentando ante la ciudadanía autoridades que priorizan el bien particular por encima del bien común”, señaló el gremio empresarial en un comunicado.
De acuerdo con Juan Arias, presidente de la CCIAP, “el acuerdo viola el principio de igualdad ante la ley y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas del Estado”.
Enfatizó que “la justicia sí necesita recursos, pero para fortalecer su accionar. El Sistema de Administración de Justicia debe mejorar sus capacidades y ejecución, y servir de manera más eficiente, imparcial y oportuna a toda la ciudadanía, no para dar beneficios especiales a unos pocos”.
Arias advirtió que esta decisión se toma en un momento en que el país exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. “Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable. Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios, sino recursos para atender las verdaderas necesidades del país”.
Instó a las autoridades a dar marcha atrás en esta decisión y a alinear sus acciones con el clamor ciudadano por un manejo responsable y justo de los fondos públicos.
“Este tipo de medidas no fortalece un sistema sin privilegios; por el contrario, lo debilita y aleja al país de una justicia que sea realmente igual para todos”, añadió.
El lunes, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como sectores políticos y la sociedad civil organizada, también se pronunciaron en contra del acuerdo.


