Al menos 47 propuestas de modificación fueron presentadas este martes 28 de abril al proyecto de ley 313, que reforma la descentralización, durante su segundo debate en el pleno legislativo.
El primer grupo de propuestas fue presentado por el diputado Alían Cedeño, de la bancada oficialista Realizando Metas (RM), y el otro por la diputada Janine Prado, de la bancada de la coalición Vamos.
Se trata de cambios a la iniciativa impulsada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, que establece, entre otras disposiciones, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera la totalidad de los fondos de descentralización a los municipios y juntas comunales, en lugar de ejecutarlos de forma parcial, como ocurre actualmente.
La diputada Prado explicó que sus propuestas están enfocadas en la transparencia. Destacó, por ejemplo, que presentó un nuevo artículo que busca cerrar la puerta a la descentralización paralela, mediante la obligatoriedad de publicar los traslados de fondos a municipios y juntas comunales.
Tras la presentación de las modificaciones, el diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, expresó su asombro al ver que se leyeron 47 propuestas a un proyecto de menos de 60 artículos.
Camacho cuestionó si se estaba discutiendo el proyecto aprobado en primer debate o “uno nuevo”. Sostuvo que, si bien en segundo debate se pueden introducir cambios, no corresponde modificar casi la totalidad del documento. Añadió que no es “Mandrake el Mago” para conocer todos los cambios y emitir una opinión inmediata.
Tras su intervención, el vicepresidente Eliécer Castrellón decretó un receso. Casi media hora después, fue el propio Jorge Herrera quien retomó la sesión y ordenó al secretario general, Carlos Alvarado, leer la propuesta para suspender la discusión del proyecto. A golpe de curul, los diputados aprobaron la suspensión.
En el hemiciclo se encontraban presentes alcaldes de diversos distritos, entre ellos Mayer Mizrachi, alcalde de la ciudad de Panamá.
Fue el alcalde Mizrachi quien en marzo pasado se quejó por la falta de recursos de la descentralización.
Denunció en su momento que el Gobierno central estaría reteniendo recursos que por ley deben ser transferidos a los municipios, situación que —según afirmó— afecta la capacidad operativa y financiera de las alcaldías en todo el país.
