En medio de crecientes tensiones por la investigación y las recientes aprehensiones relacionadas con el presunto mal uso de los fondos de la polémica descentralización paralela, representantes de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) se reunieron con el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez.
Hasta ahora, se han presentado 294 denuncias penales por el presunto mal manejo de más de 213 millones de dólares, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la ubicación de 70 alcaldes y representantes de corregimiento (2019-2024) por posibles irregularidades en el manejo de fondos del desaparecido Programa de Interés Social (PDIS), gestionado por la Autoridad Nacional de la Descentralización, también conocido como descentralización paralela.
Si bien el encuentro fue a puerta cerrada, Nadine González, presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá y alcaldesa de Pinogana, dijo a La Prensa que se abordó el tema de las investigaciones: “No todos los casos son iguales, y nosotros como asociación no queremos que se deje de investigar, pero sí que se respete el debido proceso”.
Presidente Mulino se refiere al tema de descentralización.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Ytn9pp5rTh
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
González puso como ejemplo la detención del exrepresentante de la junta comunal de Burunga, Antonio Atencio, donde 180 mil dólares fueron distribuidos en cuatro años entre 25 mil habitantes, subrayando que son montos limitados al considerar la cantidad de población.
Según la alcaldesa de Pinogana, la ciudadanía requiere información precisa para comprender la distribución de los fondos: “No es lo mismo decir 320 millones en cinco años que 320 millones en un año para solo diez personas. Cuando permeas esas comunidades, el impacto es mucho mayor”, explicó.
Este medio pudo conocer que durante la reunión el procurador reafirmó la necesidad de garantizar el debido proceso y destacó que cualquier mal manejo de fondos, por mínimo que sea, puede considerarse peculado debido al carácter de interés social de los recursos.
Las investigaciones
Consultada sobre la actual investigación, la presidenta de Amupa planteó que de alguna manera se está “satanizando” a las autoridades locales. La dirigente relató, además, que hasta la fecha ninguna alcaldía ha sido allanada; los procedimientos se han centrado en las juntas comunales y algunos representantes.
En su caso, González indicó que figura entre las cientos de denuncias presentadas, aunque no se ha detallado públicamente quiénes están implicados. “De las 382 denuncias, nadie sabe que está denunciada. Yo estoy denunciada y nadie me ha dicho. Nadie me ha notificado”, afirmó la alcaldesa, quien manejó durante cinco años 1.4 millones de dólares de la descentralización paralela.
También dijo que ha dialogado directamente con el presidente, José Raúl Mulino, el contralor Anel Flores y ahora el Ministerio Público, insistiendo en que no se oponen a las investigaciones: “Quiero que se investigue el último dólar, pero que se nos dé la oportunidad de presentar las pruebas”, subrayó.
“Si alguien hizo mal uso de los recursos, que caiga, pero no solo los pescaditos”, concluyó.
El PRD, en la mira
Del total de las 70 autoridades locales con orden de conducción, la mayoría absoluta —51 representantes y alcaldes— está afiliada al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha encendido alarmas sobre el uso clientelista de programas sociales financiados con fondos públicos.
Uno de los últimos conducidos por este caso fue el representante de Pacora, Hugo Henríquez, quien manejó más de 2 millones de dólares provenientes de este programa. De hecho, un juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión de peculado y aplicó la medida cautelar de notificación dos veces por semana, además del impedimento de salida del país.
Aparte del PRD, Cambio Democrático (CD), con 14 ediles y alcaldes señalados, también figura de forma relevante en el expediente. A pesar de ser una fuerza de oposición, varios de sus miembros han manejado fondos de la descentralización paralela durante el mismo período (2019-2024) y ahora están bajo la lupa judicial.
El presidente de la República calificó como un “escándalo” el uso de aproximadamente 320 millones de dólares provenientes de la descentralización paralela, que fueron distribuidos entre juntas comunales y municipios.
