La sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia que se realizó esta semana dejó al descubierto tensiones institucionales, cuestionamientos políticos y un debate de fondo sobre el sistema de protección estatal, en medio de las denuncias por presunto abuso contra niños, niñas y adolescentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
La reunión fue presidida por la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, quien asumió la conducción del encuentro en su calidad de titular de la entidad y presidenta del Consejo.
Carles sostuvo que la institucionalización de los menores de edad —es decir, de aquellos bajo protección del Estado— “debe ser una medida excepcional, subsidiaria y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado”.
La ministra insistió en la necesidad de fortalecer políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar que reduzcan el ingreso de menores a albergues, en un contexto en el que el sistema vuelve a estar bajo escrutinio público. Actualmente, hay alrededor de mil menores en cerca de 48 albergues.
Deuda conjunta
Además, subrayó que la protección integral de la niñez no recae en una sola entidad. “Es responsabilidad de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la sociedad en su conjunto”, expresó, al incluir a familias, organizaciones comunitarias, iglesias, medios de comunicación y el sector privado. En su intervención también destacó el papel técnico y operativo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en la ejecución y supervisión de las medidas de protección.
La ministra anunció la revisión de los mecanismos de supervisión para corregir fallas estructurales.
En medio del debate, Carles detalló las acciones adoptadas tras las denuncias en el CAI de Tocumen, entre ellas el traslado temporal de 10 jóvenes adultos al Hogar María Auxiliadora de Chitré, en cumplimiento de una medida ordenada por la Procuraduría General de la Nación. Según explicó, se trata de personas con discapacidades físicas e intelectuales, en situación de dependencia, que no cuentan con redes familiares.
La ministra precisó que este hogar —traspasado al MIDES hace unos 20 años— cuenta con doce funcionarios en planilla, entre técnicos y cuidadores, y que el año pasado fue objeto de remodelaciones con el apoyo del Despacho de la Primera Dama para adecuar sus instalaciones. Aseguró que los jóvenes trasladados “no representan un peligro para la comunidad” y que requieren del cuidado del Estado y de la solidaridad social.
Este traslado ha generado cuestionamientos entre organizaciones de la provincia de Herrera y residentes de la zona, quienes han pedido respuestas a las autoridades del MIDES sobre por qué fueron trasladados a ese lugar.
La otra cara
Sin embargo, la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, ofreció una lectura más crítica de la reunión. “No fue más que un desahogo de temas que ya se han hablado con anterioridad en estas reuniones”, afirmó.
Según indicó, no se pudo profundizar en asuntos como los planes individualizados para menores con discapacidad ni en las condiciones de alimentación.
Brenes cuestionó que la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega, permaneciera en la mesa pese a estar bajo investigación del Ministerio Público. “Yo manifesté desde un inicio que no me parecía prudente que, aun siendo yo la denunciante de la directora, ella se mantuviera en la mesa”, señaló. A su juicio, esa situación limitó la posibilidad de formular preguntas directas.
El debate también alcanzó el tema presupuestario. Para la diputada, la discusión no debe centrarse únicamente en la cifra global —que representa apenas el 0.02% del presupuesto del Estado—, sino en la gestión.
“La verdad es que sí es bajo, pero también debemos analizar la administración que se le da a ese presupuesto y cuáles son las prioridades, para determinar si rinde o no”, planteó. Señaló que el 99 % se destina a funcionamiento y gastos operativos, por lo que urge revisar si se está contratando personal idóneo: “¿Cuántos trabajadores sociales hay? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántas personas con las competencias necesarias para atender los temas de salud mental?”.
Brenes fue más allá y habló de un “déjà vu” de lo ocurrido en 2021 cuando también se reportaron abusos en varios albergues. “He leído los informes y no es nada distinto. Esa es la realidad”, dijo. Cuestionó la falta de cambios estructurales y apeló a la conciencia social. Para la diputada, más allá del presupuesto, el problema es de voluntad y de fiscalización: “Esto no puede estar pasando en una institución del Estado”.
La sesión cerró con el compromiso de instalar mesas de trabajo multidisciplinarias para formular propuestas que fortalezcan el sistema de protección, en un escenario en el que la niñez vulnerable vuelve a exigir respuestas más allá de los discursos.
