Los biocombustibles, su impacto y el proyecto de ley 443, que dispone que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, formaron parte de los temas que se analizaron este jueves 15 de enero en la Asamblea Nacional.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que preside el diputado Ernesto Cedeño, desarrolló un foro sobre el tema en el que participaron distintos actores de la sociedad. Representantes de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo, de la Universidad de Panamá y de la empresa privada, entre otros, expusieron su visión sobre el asunto.
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Paula Mesé, especialista técnica en temas energéticos de la Secretaría Nacional de Energía, fue la primera en tomar la palabra. Al igual que la mayoría de los expositores, ponderó los beneficios de los biocombustibles y, particularmente, del etanol.
Inició su presentación describiendo la industria de los combustibles y la dependencia de los productos derivados del petróleo. “Consumimos 340 millones de litros de combustible anualmente”, manifestó, al tiempo que agregó que “todo es importado”.
Definió al bioetanol anhidro como un alcohol que se obtiene a partir de la caña de azúcar a través de un proceso. El resultado, agregó, “es alcohol más eficiente, más limpio (...) promueve la eficiencia del motor”.
Completó su idea con una cita en la que lo presentó como un amortiguador de precios en escenarios de alza del combustible. “En momentos en que la gasolina ha estado por arriba de los $3, el etanol hubiese hecho una diferencia en el precio”, dijo.
Fomento del agro
También sostuvo que se espera que fomente inversión dentro del sector agrícola como generador de empleo. “Vamos a estar alineados con estándares internacionales de calidad del producto”, dijo.
La discusión se dio en el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea. El resto de los expositores también defendió las bondades ambientales y energéticas del etanol, con excepción de Rodrigo González, representante de la empresa distribuidora de vehículos Ricardo Pérez.
A su juicio, el debate debe ir mucho más allá de lo teórico y de lo técnico, y analizar el impacto que tiene sobre el usuario. Manifestó estar de acuerdo con el efecto energético del biocombustible; no obstante, alegó que tenía preguntas importantes, pues recordó que Panamá cuenta con un parque vehicular “maduro y de muchísimas generaciones”.
Pidió una ley que genere una transición energética flexible, gradual y consecuente con la realidad del mercado.
Las cuatro empresas
En el periodo de preguntas, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, y miembro de la comisión, planteó varias interrogantes, entre ellas quiénes son las empresas interesadas en formar parte del proyecto del etanol, es decir, las que tienen la intención de realizar inversiones en plantas de biocombustibles.
Paula Mesé, de la Secretaría Nacional de Energía, respondió que las cuatro empresas son: Central Azucarera La Estrella, S.A.; Azucarera Nacional, S.A.; Central Azucarero La Victoria y Central Azucarero Alanje.
No obstante, hizo la salvedad de que no son las únicas que participarán. Explicó que se están proponiendo dos tipos de permisos: uno para plantas de biocombustible y otro para almacenamiento de bioetanol.
“Cada uno va a tener sus requisitos y sus obligaciones. Todas aquellas personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos pueden obtener un permiso de planta de biocombustible”, agregó.
Mesé añadió que se ha invitado a otros ingenios, que han participado en las reuniones, pero hasta ahora no han manifestado interés en participar.
De acuerdo con cálculos de Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), sumado a los 250 millones de dólares que se necesitarían para adquirir las tierras adicionales, también se requerirán más de 120 millones de dólares para la instalación de las fábricas o destilerías, que actualmente no existen, para transformar la materia prima en etanol, junto con el capital para adquirir maquinaria y contratar personal.
Cardenal fue otro de los que participó en el foro de la Comisión de Comercio.
La empresa de la familia del contralor
La Central Azucarero Alanje es de la familia del contralor Anel Flores.
En noviembre de 2024, la sociedad registró cambios en su junta directiva, luego de que una reunión extraordinaria de accionistas aprobara la remoción de Anel Humberto Flores de la Lastra (el contralor) del cargo de director y presidente, y en consecuencia se nombró a Alejandro Bosco Flores de la Lastra, su hermano, como nuevo director presidente.
En la misma reunión también se designó a Andrés Alberto Flores Icaza, su hijo, como director tesorero y a Nicolás Alejandro Flores Arauz como director vocal, según consta en el acta protocolizada e inscrita en el Registro Público.
El contralor no ha negado su nexo con la industria azucarera de Panamá. En diciembre pasado, durante una de las conferencias de prensa semanales del presidente José Raúl Mulino, recordó que es accionista importante de una de las cuatro centrales azucareras del país.
En esa oportunidad descartó cualquier conflicto de interés.
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Días antes, había hablado del tema en Panamá en Directo. “Por supuesto”, dijo cuando le preguntaron si una de las empresas que se beneficiarían con el proyecto era la de él.
Recordó que este es un tema que tiene “muchísimos años”. “Esto arrancó en el gobierno de (Ricardo) Martinelli, luego en el de (Juan Carlos) Varela, y de un plumazo se acabó. El etanol ya es una realidad en todo el mundo”, sustentó.
¿Y los productores?
La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, también puso sobre la mesa sus consideraciones sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Dijo que leyó todo el proyecto, pero que tiene dudas y preocupaciones, pues no ve “nada” que proteja al productor panameño.
“Ni al grande ni al mediano”. “Yo lo que veo es una gran protección para quien va a preparar la fórmula o para quien va a vender el producto, porque la protección está en que es obligatorio (...)”.
Cuestionó la obligatoriedad de la propuesta y advirtió sobre la falta de mecanismos específicos que garanticen beneficios para los productores nacionales.
El primer debate de este proyecto se dará durante los próximos días.
