Choque entre el contralor y los partidos políticos por el uso de los fondos públicos

Choque entre el contralor y los partidos políticos por el uso de los  fondos públicos
Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos y Anel Flores, contralor de la república. Archivo

La fiscalización del financiamiento político a los partidos y las polémicas transferencias a los municipios abrieron un nuevo frente de tensión institucional que enfrenta a la Contraloría General de la República con los partidos políticos y expertos en materia electoral.

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‘Que explique a dónde fue el dinero’: Juan Diego Vásquez emplaza al contralor y lo acusa de sembrar dudasEl contralor anuncia más auditorías; arremete contra diputados y partidos políticos

La controversia se intensificó este lunes 15 de diciembre, cuando el contralor general de la República, Anel Flores, elevó el tono de sus críticas en medio de cuestionamientos al rol de la Contraloría por la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales.

El funcionario reveló la existencia de una lista oficial de diputados y partidos políticos morosos en materia de transparencia, a quienes acusó de no haber cumplido con la obligación legal de informar sobre el uso de recursos públicos, en particular los fondos postelectorales.

“Esto que está aquí es la lista de los diputados que no han cumplido con su rendición de cuentas”, afirmó Flores, al precisar que “la mayoría son del partido Vamos, o de la coalición Vamos, como le quieran decir”, durante una entrevista en TVN Noticias.

La mayoría de los diputados de Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes allegados al gobierno de turno.

Flores extendió el señalamiento a las organizaciones políticas y aseguró que el incumplimiento no es un hecho aislado. “Solamente cuatro partidos han cumplido”, sostuvo, antes de enumerar a los que no lo han hecho: “El PRD no ha cumplido con su rendición de cuentas. El Molinera tampoco. MOCA. Ricardo Lombana, presidente de MOCA. Él no ha cumplido con ninguna rendición de cuentas”.

También mencionó a diputados específicos, como Alejandra Brenes (Vamos) y Betserai Richards (bancada Seguimos), y advirtió que “aquí hay varios que no han cumplido ni siquiera con la rendición de cuentas, pero son los primeros que se rascan la ropa señalando temas del Estado”.

Las reacciones

Las declaraciones del contralor generaron reacciones inmediatas. Diputados de la bancada Vamos, como Roberto Zúñiga y Janine Prado; el exdiputado independiente y fundador de esa coalición, Juan Diego Vásquez; y el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, rechazaron los señalamientos y defendieron el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Vásquez, quien aseguró que la información difundida por el contralor no refleja la realidad de su bancada.

“Hay 18 diputados en la coalición Vamos; de esos, cinco renunciaron a todo el financiamiento postelectoral, es decir, 13 tienen la responsabilidad de rendir cuentas”, explicó. Precisó que “de esos 13, solamente dos pidieron una prórroga, y una de las personas mencionadas ya había entregado el informe antes de que el contralor dijera que no lo había hecho”.

Según Vásquez, las afirmaciones de Flores inducen a error a la ciudadanía al presentar las prórrogas como incumplimientos. “Solamente queda uno de 18 por entregar el informe de rendición de cuentas ante la Contraloría”, afirmó, y retó al funcionario a desmentirlo públicamente.

“La prórroga no significa que no se haya cumplido; no se confunda la ciudadanía. Es una prórroga, es decir, ‘deme un par de días más para entregar’”, sostuvo, al tiempo que recordó que fue el propio equipo de la Contraloría el que recomendó solicitar extensiones durante capacitaciones realizadas junto al Tribunal Electoral.

El exdiputado también cuestionó el énfasis del contralor en señalar a diputados y partidos políticos, mientras —según dijo— evita explicar decisiones clave de su gestión. “En vez de estar sembrando dudas y mentiras, tiene que decirle al país por qué en septiembre de 2025 refrendó rápidamente millones de dólares para juntas comunales y municipios, y que explique a dónde se fue ese dinero”, reclamó.

Más cuestionamientos

Por su parte, el diputado y jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, afirmó que es falso que la bancada no transparente el uso de los recursos. Señaló que publican informes mensuales de rendición de cuentas y que, de manera voluntaria, hacen públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de sus diputados, una práctica que —según destacó— no realiza ninguna otra agrupación política.

Además, subrayó en conferencia de prensa que entregaron íntegramente el subsidio postelectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por un monto de seis millones de dólares, para apoyar la lucha contra el cáncer.

En tanto, el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, calificó los señalamientos como falsos y aseguró que su colectivo ha cumplido “con absolutamente todo lo exigido por las leyes” y que continuará haciéndolo. Añadió que la lucha contra la corrupción debe darse “con hechos, rigor y verdad, no con insinuaciones públicas” contra quienes —según afirmó— exigen transparencia, una postura que, dijo, “parece que les incomoda”.

¿Extralimitación de funciones?

A la controversia se sumó el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, quien advirtió que la Contraloría podría estar duplicando funciones que la ley asigna de manera expresa al órgano electoral, elevando el debate a un plano institucional sobre los límites de la fiscalización estatal.

“En la administración pública y privada hay que evitar procesos dobles. Es el Tribunal Electoral el responsable de supervisar los fondos que se entregan en concepto de subsidio electoral”, sostuvo Márquez Amado, al subrayar que la Contraloría ya cuenta con representación dentro de esa institución, por lo que —a su juicio— no debería “saltar a la entidad primaria responsable”.

El exmagistrado fue más allá al señalar que la Contraloría estaría incurriendo en una interferencia institucional al asumir atribuciones que corresponden a otros órganos del Estado. “La Contraloría viene interfiriendo en funciones de la Procuraduría y de la ANTAI [Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información]”, afirmó, y advirtió que el contralor “se está tomando atribuciones o competencias que le corresponden a otras entidades”.

Según Márquez Amado, mientras el Tribunal Electoral es el ente competente para supervisar cómo se gastan los recursos del financiamiento electoral, el rol de la Contraloría debe limitarse a verificar que esos fondos “se hayan manejado correctamente”, sin invadir funciones ajenas.

El pasado 21 de agosto, la Contraloría General de la República emitió una resolución que fue publicada en la Gaceta Oficial el 31 de octubre, mediante la cual se aprobó la Guía de Rendición de Cuentas de los partidos políticos y de los funcionarios electos por la libre postulación, la cual obliga a entregar informes sobre el financiamiento público correspondiente al período 2024-2029.


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