El calendario cambia, pero varios pendientes siguen intactos en el Palacio Justo Arosemena. Para 2026, la Asamblea Nacional arrastra al menos cinco importantes tareas que pondrán a prueba su capacidad de orden interno, control político y credibilidad ante una ciudadanía que exige transparencia y rendición de cuentas.
Nombrar al Defensor del Pueblo
La primera tiene fecha marcada. En marzo de 2026 vence el periodo del actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, y será el pleno legislativo el que deba designar a su reemplazo, como lo establece la Constitución, que asigna al órgano Legislativo la potestad de nombrar al titular de la Defensoría del Pueblo. La elección volverá a abrir el debate sobre independencia, cuotas políticas y el verdadero alcance del cargo.
Nombrar al subcontralor
La segunda tarea también deriva de una competencia constitucional directa del Legislativo. El 17 de septiembre de 2025, el pleno leyó la renuncia del subcontralor de la República, Elí Felipe Cabezas, quien dejó el cargo por “motivos personales”. En su carta dirigida al contralor general, Anel Flores, Cabezas recordó que había sido nombrado por la Asamblea mediante resolución en agosto de 2024 y que asumió funciones en enero de 2025.
Desde entonces, el puesto permanece vacante y le corresponde nuevamente al pleno nombrar a su sustituto, una decisión clave para el sistema de fiscalización del gasto público.
Reducir la planilla
La tercera tarea es más incómoda porque toca la casa por dentro: reducir la planilla legislativa. Es una promesa que el presidente de la Asamblea, el diputado panameñista Jorge Herrera, incluyó en su discurso del 1 de julio de 2024, cuando asumió la presidencia del órgano. Los números, sin embargo, cuentan otra historia.
En noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República, la Asamblea tenía a 5,631 funcionarios en planilla.
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Los cambios al reglamento interno
La cuarta tarea pendiente apunta a las reglas del juego. Herrera también se comprometió a impulsar cambios al reglamento interno orgánico de la Asamblea, con el objetivo de reducir privilegios de los diputados y revisar prácticas administrativas que durante años han alimentado críticas ciudadanas. La reforma sigue sin avanzar, pese a que toca temas sensibles como beneficios, uso de recursos y funcionamiento del pleno.
Un magistrado del Tribunal Electoral
La quinta tarea también tiene un componente constitucional claro: nombrar al reemplazo de uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE). En este caso, se debe atender el relevo del magistrado Alfredo Juncá, quien fue electo por el pleno en enero de 2017 y ocupa uno de los tres escaños que la Constitución reserva al Legislativo para ese órgano.
La Carta Magna y la ley orgánica del Tribunal Electoral establecen que cada poder del Estado nombra a uno de sus magistrados, por lo que la Asamblea deberá abrir el proceso y elegir a la persona que reemplazará a Juncá.
Las promesas de Jorge Herrera
El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2025, tras una votación que reflejó un acuerdo interpartidario para derrotar al oficialismo.
Herrera llegó a la principal silla del Palacio Justo Arosemena con los votos del Partido Panameñista, colectivo que preside, y el apoyo de los diputados independientes de Vamos, la bancada Seguimos y algunos diputados de Cambio Democrático.
La suma de apoyos le permitió encabezar la junta directiva para el periodo legislativo 2025–2026, con una agenda marcada por promesas de orden interno, reducción de la planilla y revisión de privilegios. Varias de esas ofertas siguen pendientes y hoy forman parte de los desafíos que la Asamblea enfrenta de cara a 2026, bajo la mirada de las mismas bancadas que facilitaron su llegada a la presidencia.
