Las redes de reclutamiento de extranjeros para combatir en las filas rusas han ampliado su alcance en América Latina, donde ciudadanos afectados por el desempleo, la informalidad laboral y los bajos ingresos son atraídos con promesas de trabajo, viajes pagados y salarios que superan ampliamente lo que podrían recibir en sus países.
Las personas son contactadas mediante redes sociales, conocidos, agencias de viajes o intermediarios relacionados con el ámbito militar.
Las propuestas incluyen empleos en fábricas, construcción, seguridad, transporte o labores de apoyo. Sin embargo, al llegar a Rusia, algunos descubren que los contratos están vinculados con las fuerzas armadas y que pueden ser enviados al frente de combate.
Cuba y Colombia han sido identificados como los principales focos de reclutamiento ruso en América Latina, de acuerdo con una investigación publicada por el diario El País de España, basada en un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y otras organizaciones. Ambos países concentran una parte significativa de los latinoamericanos que han viajado para incorporarse a las fuerzas rusas, ya sea voluntariamente o mediante ofertas engañosas.
En Colombia, la existencia de numerosos militares retirados con experiencia en combate convierte a este grupo en un objetivo atractivo para los reclutadores. Las redes les ofrecen salarios superiores a los disponibles en el mercado local y aprovechan sus conocimientos militares. En otros casos, las propuestas circulan en plataformas como Facebook y TikTok sin explicar claramente que el destino final puede ser el frente de guerra.
En Cuba, las dificultades económicas y los bajos salarios han favorecido la difusión de ofertas para viajar a Rusia. Los reclutadores presentan los contratos como oportunidades laborales o como una vía para mejorar los ingresos y obtener beneficios migratorios, aunque algunos ciudadanos han denunciado que desconocían las condiciones reales del servicio al que serían incorporados.
Bolivia se sumó en julio de 2026 a los países que investigan formalmente este tipo de reclutamiento.
La Cancillería boliviana informó que tenía registrados 26 ciudadanos vinculados con las Fuerzas Armadas rusas: 20 mantenían contratos activos, cuatro estaban heridos, uno había fallecido y otro había sido repatriado.
La Fiscalía boliviana abrió investigaciones por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. Las autoridades identificaron al menos 16 posibles víctimas, principalmente hombres procedentes de zonas rurales, que habrían recibido ofertas para trabajar en granjas, construcción u otras actividades civiles.
Según la investigación publicada por El País, algunos bolivianos fueron presionados para firmar documentos escritos en ruso y posteriormente trasladados mediante rutas que pasaban por Brasil y Turquía. Tres personas fueron detenidas preventivamente por su presunta relación con la red de captación.
La Cancillería de Panamá confirmó el viernes 24 de julio que mantiene identificados a al menos 15 ciudadanos panameños vinculados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, una cifra que más que duplica los siete casos que habían salido inicialmente a la luz.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos Boyd, explicó que la institución comenzó a recibir información sobre estos casos desde noviembre de 2025 y que, desde entonces, mantiene gestiones diplomáticas con las autoridades rusas para conocer la ubicación y condición de los nacionales involucrados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene registrado un panameño fallecido, cuya identidad no ha sido revelada. Según Hoyos Boyd, después de contactar a sus familiares, se les ofreció la posibilidad de viajar a Rusia, pero estos optaron por gestionar la repatriación de los restos.
No obstante, fuentes consultadas por La Prensa que se encuentran en Rusia aseguran que podrían existir varios fallecimientos. Esta versión coincide con declaraciones del exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, quien afirmó tener conocimiento de panameños muertos y desaparecidos, entre ellos dos jóvenes chiricanos.
De manera paralela, una segunda denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el presunto reclutamiento de panameños mediante engaños para participar en la guerra. Entre los casos identificados figura Javier Duncan, cuyo paradero es desconocido por sus familiares desde hace ocho meses y por cuya desaparición ya se interpuso una denuncia.
Ortega explicó que la experiencia militar de algunos panameños resulta atractiva para los reclutadores, quienes estarían ofreciendo salarios de entre $2,000 y $3,000 mensuales para prestar servicios en zonas vinculadas con el conflicto.
Los casos salvadoreños presentan similitudes con los denunciados en Panamá. De acuerdo con La Prensa Gráfica, ciudadanos de El Salvador fueron contactados mediante ofertas de trabajo y trasladados a Rusia siguiendo rutas internacionales gestionadas por intermediarios.
La investigación mencionó a una agencia colombiana que habría participado en la organización de algunos viajes. La representante de la compañía sostuvo que su actividad se limitaba a prestar servicios turísticos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.
Familiares salvadoreños denunciaron la pérdida de contacto con sus parientes y señalaron que algunos de ellos habrían sido sometidos a entrenamientos militares o enviados a misiones vinculadas con el conflicto en Ucrania.
Deutsche Welle documentó el funcionamiento de una red que atrae a ciudadanos peruanos con ofertas laborales, pagos elevados y la promesa de cubrir los gastos de traslado. Una vez en Rusia, algunos reclutados habrían enfrentado la retención de pasaportes, contratos escritos en ruso y obligaciones que no les fueron explicadas antes de viajar.
Los contactos se realizaban principalmente mediante Instagram, Telegram y otras plataformas digitales. Las ofertas estaban dirigidas a jóvenes, desempleados, exmilitares y personas con dificultades económicas, a quienes se les ofrecían trabajos en seguridad, cocina, transporte o labores civiles.
El caso peruano evidencia uno de los principales factores de vulnerabilidad de la región: la combinación de desempleo, informalidad y salarios reducidos permite que propuestas de varios miles de dólares mensuales resulten difíciles de rechazar, incluso cuando los contratos carecen de claridad.
Aunque las condiciones varían en cada país, las investigaciones muestran elementos comunes:
Los reclutadores buscan principalmente a hombres jóvenes, exmilitares o personas necesitadas de ingresos. Las ofertas se difunden mediante redes sociales y prometen salarios elevados, bonos, boletos aéreos y alojamiento.
Los contratos suelen estar redactados en ruso o contener condiciones distintas de las explicadas inicialmente. En varios casos se denuncia la retención de pasaportes, teléfonos y documentos personales después de la llegada.
Las rutas de traslado incluyen países intermediarios como Colombia, Brasil, España y Turquía. Los reclutados pueden recibir unas pocas semanas de entrenamiento antes de ser enviados a zonas de combate.
Los ciudadanos de países con elevados niveles de informalidad, desempleo juvenil y experiencia militar aparecen como los más expuestos. Cuba y Colombia concentran los mayores focos documentados, mientras que las denuncias recientes en Bolivia, Perú, Panamá y El Salvador muestran que las redes continúan extendiéndose por la región.
Nota: Información realizada con recopilación de datos de agencias como EFE y medios de Latinoamérica y Europa.
