La Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá, integrada por clubes cívicos del país, se sumó a las organizaciones que promueven y solicitan la postergación del proyecto de ley 1031 que busca derogar la Ley 6 de 2002 de Transparencia.
“La anterior solicitud se da en función de la importancia de este proyecto de ley, lo que, por ende, para la sociedad civil implica la necesidad de una amplia discusión, en un clima adecuado, lo que claramente será imposible en el presente período preelectoral”, destacó Marianela de Castillero, presidenta de la organización.
Indicó que citando al ministro de la Presidencia, José Simpson, con respecto a los temas críticos, delicados y de amplio impacto del proyecto, están de acuerdo que el perfeccionamiento del mismo resumirá “los principios rectores que constituyen la guía para la implementación y aplicación de la futura ley; la definición de los sujetos obligados y sus responsabilidades, procedimientos y sanciones aplicables ante el incumplimiento de la ley y las normas relativas al trámite de las solicitudes de acceso a la información”.
Sostuvo que coincide con la expectativa de la Presidencia de la República para que en su momento este proyecto se convierta en una ley modelo interamericana, por lo que “deseamos robustecer la misma con aportes significativos transparentes, colegiados y consensuados”.
“Nos sumamos a las declaraciones expresadas por el ministro ante el pleno de la asamblea, publicadas en la pestaña de “Prensa” del sitio web de la Presidencia de la República de Panamá en donde acota que “La corrupción constituye una de las más serias amenazas para todos los estados en todas las latitudes y regiones, en países desarrollados o en vías de desarrollo”.
El Ministerio de la Presidencia a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) presentó un proyecto de ley para derogar esta norma vital para la veeduría ciudadana. Organizaciones civiles, precursores de la ley y gremios como la Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, han condenado este nuevo paso del gobierno de Laurentino Cortizo.
