La decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) de mantener bajo reserva las actas de sus discusiones y los registros de visitas al Órgano Judicial abrió un nuevo frente en el debate sobre la transparencia. Mientras organizaciones civiles advierten de un retroceso, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vásquez, sostiene que la justicia no puede estar expuesta a presiones externas ni a la lógica del espectáculo.
“En general, se trata de discusiones sobre procesos, y los procesos no deben ser públicos como tal”, afirmó. Cedeño es crítica de la transmisión de audiencias por los medios de comunicación. A su juicio, un proceso televisado “está contagiado”, porque el juez podría verse influido por opiniones públicas. “La justicia no se debe a las opiniones públicas; debe determinarse con lo que consta en un expediente”, subraya.
Sobre los registros de visitas a magistrados, Cedeño minimiza su relevancia. Asegura que las reuniones —incluidas las del propio gremio— suelen tener carácter institucional o académico, como coordinaciones para capacitaciones dirigidas a jueces y fiscales.
“No sé qué suma o qué resta para un expediente quién es el visitante en un momento dado”, señala. En su criterio, los magistrados deben estar empoderados y resolver con base en el contenido de los expedientes, no en agendas externas.
La dirigente gremial va más allá y cuestiona que se haga pública la votación individual de los magistrados en el Pleno. “¿Para qué me interesa saber si un magistrado votó a favor o en contra en un proceso que yo tengo? Lo que nos debe interesar es el resultado”, insiste.
Frente a las críticas de organizaciones de la sociedad civil, que consideran la medida un retroceso en materia de justicia abierta, Cedeño discrepa. A su juicio, el verdadero reclamo ciudadano debe centrarse en la celeridad y la eficacia del sistema. “Una justicia tardía no es justicia”, concluye.
Hay que mencionar que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen Stanziola, junto al magistrado vicepresidente Olmedo Arrocha Osorio y la magistrada Maribel Cornejo Batista, recibió el pasado 14 de enero la visita de la presidenta del Colegio Nacional de Abogados.
El encuentro se produjo un día después de que la Corte emitiera los dos acuerdos para blindar las actas de sus sesiones plenarias y los registros de visitas a los despachos judiciales.
Justicia abierta
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, el impacto de la medida trasciende lo administrativo y toca el corazón de la legitimidad institucional.
“El problema principal de estas decisiones es que tienen el efecto de debilitar la confianza y la legitimidad democrática, que es el objetivo central de los principios de justicia abierta”, advierte. A su juicio, la transparencia no es un accesorio del sistema judicial, sino un componente esencial para sostener la credibilidad de sus decisiones ante la ciudadanía.
De Obaldía sostiene que, si bien puede haber información que requiera reserva, esta debe ser excepcional. “La única manera de ser compatible con esos principios sería mantener reservas parciales, justificadas y temporales. Nunca un cierre estructural y permanente de esa información”, afirma. En su análisis, un blindaje total contradice los estándares de apertura que buscan equilibrar independencia judicial y control ciudadano.
Algunos de los temas que le inquietan son que esta medida podría generar opacidad en el manejo del presupuesto o en los nombramientos internos del Órgano Judicial.
La directora recuerda que el contexto nacional no favorece decisiones restrictivas. Cita la más reciente encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, que evidencia una marcada desconfianza hacia la administración de justicia.
“Ya estamos viviendo en Panamá una desconfianza profunda de la ciudadanía en la capacidad y en el servicio de la justicia, que es un servicio público”, subraya.
Defensa de la transparencia
Para De Obaldía, la discusión no es ideológica, sino instrumental. “La transparencia no es un tótem. La transparencia es una herramienta”, explica. Su finalidad —añade— es prevenir la corrupción y fortalecer la confianza en el sistema democrático. Por ello, concluye que decisiones como la adoptada por el Pleno “no promueven mayor confianza” y se inscriben en un escenario más amplio de erosión de la gobernanza democrática.
De hecho, la exdiputada y exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez sostiene que, si bien los debates internos no están obligados a ser públicos, con esta medida la señal institucional es preocupante en una sociedad marcada por “puertas giratorias, agujeros de ratón y cortinas de humo”. En un sistema que —según dice— languidece en credibilidad, la transparencia no lo es todo, pero se vuelve esencial cuando la legitimidad está en entredicho.
A diferencia de la Corte Suprema, con la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia en 2024, las actas del Consejo de Gabinete fueron desclasificadas y pasaron a ser de acceso público, tras años en condición de reserva. La medida permite conocer el contenido de las discusiones y decisiones adoptadas por el Ejecutivo en distintas administraciones, y marcó un cambio en el manejo de estos documentos, que hasta entonces no estaban disponibles para consulta ciudadana.
