La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió una resolución que define el rumbo de la licitación por $33 millones para el servicio de alimentación en los centros penales de Colón: la decisión permitirá que el Estado pague cientos de dólares por gramos de carne cruda, aun cuando el pliego de cargos exige porciones de carne ya cocida.
El documento de la DGCP, fechado el 13 de enero de 2026, resuelve la acción de reclamo presentada por el Consorcio C&J Food Services Panamá contra el informe evaluador del proceso de licitación que busca garantizar el suministro de alimentos en el sistema penitenciario.
En la competencia participaron dos grupos principales: el Consorcio Alimentando Panamá S.A., que obtuvo la máxima puntuación, y el Consorcio C&J Food Services, cuya propuesta fue inicialmente descalificada por la comisión evaluadora.
La controversia escaló cuando el Consorcio C&J Food Services denunció que la propuesta de su competidor no cumplía con los estándares nutricionales mínimos. Según el reclamo, el informe de la comisión evaluadora fue parcial y omitió que el Consorcio Alimentando Panamá S.A. presentaba deficiencias en el gramaje de las carnes.
El núcleo del debate técnico se concentró en la conversión de carne cruda a porción cocida, un detalle vital para la salud de los internos. El consorcio reclamante alegó que la propuesta ganadora ofrecía 90 gramos de carne cruda, una cantidad técnicamente insuficiente para alcanzar las 3 onzas cocidas que exige la normativa.
De acuerdo con los términos del pliego, el incumplimiento de los ciclos de menús y del análisis nutricional constituye causal de rechazo de plano, dada la importancia de los derechos humanos y de una alimentación balanceada.
Sin embargo, la DGCP determinó que la facultad de validar estos detalles técnicos corresponde a los comisionados evaluadores, quienes poseen la idoneidad necesaria para verificar el cumplimiento de la Resolución No. 579 del Ministerio de Salud, la cual establecía los estándares del acto público.
La entidad señaló que el proponente cuestionado, es decir, el Consorcio Alimentando Panamá, presentó una declaración jurada notariada en la que garantizó que, de ser adjudicado, cumpliría con todas las guías de alimentación vigentes. Por tanto, la DGCP consideró que no existían méritos suficientes para ordenar una nueva revisión de los aspectos técnicos de las porciones.
En consecuencia, la resolución final confirma el informe de la comisión evaluadora y levanta la suspensión que mantenía paralizado el acto público. Con este fallo, se niegan todas las pretensiones del Consorcio C&J Food Services Panamá y se ordena el archivo del expediente.
Al ser una decisión de única instancia, no admite más recursos legales, lo que permitirá que el Ministerio de Gobierno proceda con la adjudicación del servicio para el complejo de Colón bajo las normativas de transparencia y ética vigentes.
¿Quién es Consorcio Alimentando Panamá?
El nombre del consorcio apareció por primera vez en 2012, cuando se le adjudicó el suministro de alimentos en las cárceles de Panamá y Colón. En ese momento, estaba conformado por la empresa colombiana Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (Ibeaser), con una participación del 40 %, y por Juan Carlos Almansa Latorre, ciudadano colombiano, con el 60 % restante. Almansa figuró además como representante legal de Ibeaser.
Durante los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado más de 303.3 millones de dólares para la alimentación en siete centros penitenciarios, todos adjudicados al Consorcio Alimentando Panamá.
En su perfil público de LinkedIn, Juan Carlos Almansa Latorre se identifica como representante legal y accionista mayoritario de Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A.S., una de las empresas que ha formado parte de la estructura del consorcio que concentra los contratos de alimentación penitenciaria en Panamá.
