Pleno de la Asamblea aprueba en segundo debate el proyecto laboral; incluyen pago de un bono

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, este jueves 30 de julio, el proyecto de ley 354 que dictamina cambios temporales a la relación laboral entre trabajadores y empresas en el contexto de la pandemia de la Covid-19, y en el que se plantea la extensión de la suspensión de los contratos hasta el mes de diciembre.

La votación fue artículo por artículo y a golpe de curul. Ningún diputado solicitó verificación de votos.

El documento fue avalado con varios cambios, entre ellos el pago de un nuevo bono, cuyo monto no se ha definido, y que tendría que ser asumido por el Estado en compensación al décimo tercer mes que se paga en agosto y que no recibirán los trabajadores que están suspendidos.

Otras de las modificaciones establece que a los trabajadores que tengan jornadas reducidas y sean liquidados, se les deberá pagar su prima de antigüedad en base al salario recibido antes de la pandemia.

Además, trabajadores que hayan sido suspendidos tendrán la prioridad en el reintegro de sus actividades. La empresa no podrá contratar a nuevos trabajadores, a menos que sea en nuevas posiciones y luego de consultarlo con los sindicatos de la empresa.

El pleno fue habilitado para sesionar este viernes 31 de julio, a las 10:00 a.m. para discutir este proyecto en tercer y último debate.

La ministra de Trabajo, Doris Zapata, quien estuvo presente en el pleno, adelantó que este fin de semana se reunirán con el presidente Laurentino Cortizo para evaluar los cambios al proyecto.

Los diputados comenzaron la discusión del proyecto al mediodía de este jueves.

Víctor Manuel Castillo, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presidente de la Comisión de Trabajo, empezó por explicar que el proyecto presentado por la ministra de Trabajo, Doris Zapata, sufrió cambios en un un 80% durante el primer debate.

“Con este proyecto se benefician los trabajadores. Compañeros, apoyemos este proyecto. Se van a dar cuenta que se hicieron muchos cambios, pensando en el trabajador cuando se reactiven las empresas”, dijo.

Pero los cambios efectuados no son suficientes de acuerdo con algunos diputados, que piden una mayor simplificación del proyecto para que se restrinja únicamente a la extensión de la suspensión de los contratos, estatus para que muchos empleados vence el próximo 15 de agosto.

Diputados como Luis Ernesto Carles, del Partido Panameñista; y Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático, argumentaron que el Ejecutivo presentó un proyecto con cambios sensitivos para el mercado laboral, pretendiendo que se discuta y se apruebe en un día y a “tambor batiente”.

“Este proyecto debió venir con tiempo. Mañana vence la suspensión de contratos de miles de trabajadores, y ahora se presiona a la Asamblea con este proyecto”, dijo Ábrego.

En primer debate se eliminó la reducción en el pago de las horas extraordinarias, por lo que estás se seguirán desembolsando de acuerdo con lo que dictamina el Código de Trabajo, y por otro lado, se determinó no incluir el pago de 50 dólares en concepto de décimo tercer mes a los trabajadores que no han laborado desde el mes de abril.

Por otro lado, el proyecto aprobado en primer debate reitera lo que dictamina el Código de Trabajo, al explicar que a las trabajadoras con fuero maternal, cuyos contratos se encuentran suspendidos, se les congela el tiempo de su fuero y se le reactivará cuando se levante la suspensión del contrato.

Para Ábrego esto no es suficiente para proteger a las madres trabajadoras con contratos suspendidos en medio de la Covid-19, considerando que una cosa es el fuero y otra es la licencia con subsidio por maternidad otorgado por la Caja de Seguro Social (CSS).

Esas mujeres embarazadas con contratos suspendidos, y cuyos patronos han dejado de pagar la cuota obrero patronal, no podrían acogerse a su subsidio porque la ley indica que deben tener pagadas las cuotas de los últimos nueve meses al séptimo mes de embarazo.

Ábrego pidió que el Estado se haga cargo del 50% del subsidio y el otro 50% restante lo asuma la CSS.

En el pleno se encontraban Zapata y representantes de los trabajadores, entre ellos, Saúl Méndez, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Méndez pidió para los trabajadores suspendidos un subsidio de $500 y prohibir de forma temporal los despidos de trabajadores.

“¿Ustedes pueden vivir con 80 dólares al mes?”, preguntó Méndez en el pleno, luego de que el diputado Carles le concediera parte de su tiempo para que hablara (15 minutos).

El sindicalista, acto seguido, pidió a la vicepresidenta Cenobia Vargas -que dirige el pleno- que le explicara si la cortesía de sala que le dieron incluía la oportunidad para sustentar su posición sobre el proyecto.

Vargas le informó que solo podía intervenir cuando un diputado le concedía parte de su tiempo. Méndez siguió hablando pero fue interrumpido por el diputado perredista Jairo Salazar, quien pidió a la vicepresidenta Vargas que moderara la intervención de Méndez. “Aquí no es para hacer política y responda las preguntas al diputado (Carles)”, dijo Jairo Salazar.

Tras una breve presentación, Méndez se retiró del pleno.

La diputada perredista Kaira Harding, en un intento para frenar la salida de Méndez, dijo en el pleno que le concedía sus 30 minutos. Pero era tarde: Méndez ya está fuera del hemiciclo.

Mientras, grupos sindicales llevaron a cabo una marcha hacia la Asamblea en rechazo del proyecto.

A eso de las 2:30 p.m., el pleno se declaró en sesión permanente hasta aprobar el proyecto de ley.

“Como si fuera poco, sea ha venido legislando por decretos y ahora con proyectos de leyes contra las conquistas de la clases obrera panameña”, dijo Méndez, secretario general del Suntracs.

Yolanda Sandoval

Directora editorial web

José González Pinilla

Editor