Los diputados de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional desafiaron al Órgano Ejecutivo al aprobar, en primer debate este miércoles 26 de agosto, el Proyecto de Ley No. 571, que modifica las normas de protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y las especies asociadas, pese a la objeción por inexequibilidad presentada por el presidente José Raúl Mulino.
El polémico proyecto de ley fue presentado por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, mientras que la comisión está presidida por otro miembro de ese colectivo, el diputado Arquesio Arias.
Además de Arias, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo está integrada por Javier Sucre, también del PRD; Ronald De Gracia y Shirley Castañeda, de Realizando Metas (RM); Roberto Archibold, del Partido Panameñista; Orlando Carrasquilla, de Cambio Democrático (CD); Yarelis Rodríguez y Lenín Ulate, de la bancada Vamos; y Ernesto Cedeño, de Seguimos.
Objeción del Ejecutivo
Entre las principales preocupaciones planteadas por la Presidencia para objetar la norma destaca el cambio en el régimen de protección de los pastos marinos. Mientras la legislación vigente prohíbe, de forma general, las actividades de construcción o modificación en estos ecosistemas, la reforma abre la puerta a autorizarlas mediante permisos administrativos. Según el Ejecutivo, este cambio flexibiliza significativamente las restricciones existentes.
El análisis gubernamental advierte que el proyecto no establece criterios técnicos, límites ni parámetros legales para otorgar esas autorizaciones. Esa ausencia de reglas claras dejaría un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio de Ambiente, lo que, a juicio del Ejecutivo, podría traducirse en decisiones inconsistentes y en una menor seguridad jurídica para la conservación de los ecosistemas marinos.
Como se recordará, la reforma otorga al Ministerio de Ambiente un papel central como autoridad rectora, con la responsabilidad de evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades compatibles con la conservación.
Pese a los argumentos del Ejecutivo, los diputados dieron nuevamente el visto bueno al proyecto impulsado por Robinson.
El rechazo
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) cuestionó la decisión de la Comisión de Población de aprobar, sin discusión ni debate y por mayoría de los diputados presentes, el proyecto de ley No. 571, que modifica la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y sus ecosistemas asociados.
La organización recordó que la iniciativa había sido objetada por el Órgano Ejecutivo por considerarla inexequible.
Según el CIAM, el proyecto contraviene las obligaciones ambientales establecidas en los artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución Política, que establecen el deber del Estado de proteger el ambiente, prevenir la degradación de los ecosistemas y garantizar el uso racional de los recursos naturales.
También advirtió que la reforma permitiría autorizar actividades actualmente prohibidas en los pastos marinos sin establecer parámetros mínimos ni reglas claras que determinen límites objetivos para la concesión de esos permisos.
Para el CIAM, la iniciativa representa además un retroceso en materia de protección ambiental, porque reduce el nivel de salvaguarda alcanzado con la aprobación de la Ley 304 en 2022.
La organización sostiene que, de aprobarse el proyecto, se debilitaría la protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados, en momentos en que la Asamblea retoma una propuesta que ya había sido objetada por el Ejecutivo. Ahora queda esperar qué decidirá el pleno de la Asamblea Nacional en segundo y tercer debate.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente, liderado por el ministro Juan Carlos Navarro, de pasado perredista, ha expresado su opinión favorable a esta propuesta de ley.
