La llamada “ley antibotella” pasó el primer debate. Este miércoles, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le dio luz verde al proyecto de ley 408, que incrementa las penas a los funcionarios públicos que cobran sin trabajar.
La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado, de Vamos, contó con el respaldo de seis diputados de distintas fracciones políticas, incluido el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM).
El proyecto establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada.
La pena se agravará de ocho a diez años de prisión si la lesión patrimonial supera los $50 mil.
Inicialmente, la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate.
Camacho impulsó el retiro de este artículo tras un amplio discurso.
La diputada Prado, por su parte, recordó que la propuesta no solo abarca la Asamblea, sino también a las distintas instituciones y ministerios del aparato estatal.
“Necesitamos fortalecer la legislación en esta materia”, añadió.
El objetivo del proyecto, recordó, es fortalecer la lucha contra la corrupción y optimizar la eficiencia del aparato gubernamental.
Otro de los diputados que tomó la palabra fue Osman Gómez, miembro de la bancada mixta, quien llegó al Legislativo postulado por el partido Alianza.
Mencionó que, cuando se menciona la palabra “botella”, automáticamente se apunta a la Asamblea.
“No todas las veces es cierto que existen botellas en este órgano del Estado”, planteó.
Advirtió que es importante definir qué se considera una “botella” y, como ejemplo, contó que hay diputados que cuentan con funcionarios que trabajan sábado y domingo en el interior del país. “Y trabajan más de ocho horas”, agregó.
El visto bueno del Ministerio Público
En el debate también participó la fiscal Tania Saavedra, del Ministerio Público.
Saavedra recordó que, en octubre de 2025, la entidad emitió concepto favorable sobre la propuesta. En cuanto a las modificaciones introducidas, indicó que no hay cambios sustanciales respecto al texto original, por lo que no tienen objeciones.
Además, valoró la intención de actualizar la legislación panameña a estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción.
Lo próximo: el segundo debate en el pleno legislativo, donde interactúan los 71 diputados. Llegará al hemiciclo legislativo en la recta final de las sesiones ordinarias de la Asamblea.
Vieja práctica
El fenómeno de las “botellas” se mantiene como una de las prácticas más persistentes dentro de la administración pública. La Asamblea Nacional figura de forma recurrente entre las instituciones señaladas por inflar planillas millonarias, en las que una parte del personal percibe salario sin cumplir funciones efectivas.
De hecho, en la exposición de motivos del proyecto, la diputada Prado recordó que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural.
Anotó que el país tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región: 15.6% de su fuerza laboral, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10 %.
“El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, advirtió.
