La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 187, que busca hacer frente a la evasión de las cuotas obrero-patronales.
La reforma, que modifica el artículo 241 del Código Penal, introduce sanciones mucho más severas para quienes retengan y no remitan las contribuciones a la Caja de Seguro Social (CSS). La nueva normativa establece que quienes, en un plazo de tres meses desde la obligación de pago, no envíen las cuotas correspondientes a la CSS y cuyo monto supere los mil dólares, serán castigados con penas de prisión de entre tres y cinco años.
Actualmente, el Código Penal sanciona este tipo de conductas con penas de dos a cuatro años de cárcel. La medida también dispone que quienes hayan sido previamente requeridos por la CSS para liberar dicha retención enfrentarán las mismas sanciones.
La proponente de la iniciativa, la diputada Alexandra Brenes, indicó que se busca fortalecer las sanciones contra los empleadores —tanto públicos como privados— que retienen las cuotas, y cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en estos casos.
Por otra parte, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 277, que modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal, relativos a los delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa. Con ello, se pretende endurecer y actualizar las penas por este delito.
Ignoran propuestas anticorrupción
La Comisión de Gobierno rechazó una propuesta de ley presentada por el diputado Jorge González, de la coalición Vamos, que buscaba transparentar el tema de las notarías. La iniciativa planteaba que los notarios fueran seleccionados por una junta técnica conformada por representantes del Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Comité Ecuménico.
Asimismo, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional mantiene en el limbo al menos nueve proyectos de ley anticorrupción, pese a las insistentes peticiones de distintos sectores por una agenda legislativa más transparente.
Entre ellos figuran la Ley General Anticorrupción, presentada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy; la iniciativa para proteger a los denunciantes de corrupción; y las reformas a la Ley 6 de 2002, sobre acceso a la información pública.
Todas comparten el mismo destino: no han sido incluidas en el orden del día, lo que impide su debate. Diputados de oposición y del bloque independiente acusan al presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, de “falta de voluntad política” para impulsar normas que afecten intereses dentro del propio Estado.
