La mañana del miércoles 29 de octubre el salón de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se convirtió nuevamente en el escenario de un desfile de funcionarios. Ocho entidades del Estado acudieron una tras otra para sustentar traslados de partida y créditos extraordinarios que, en conjunto, sumaron $175.7 millones de dólares.
Las solicitudes, variadas en propósito, iban desde fondos para cubrir subsidios eléctricos hasta recursos destinados a promover la imagen turística del país.
Entre las instituciones que expusieron sus necesidades estuvieron el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
El primero en tomar la palabra fue Nicanor Obaldía, director del Instituto Gorgas, quien solicitó un crédito adicional de $1.4 millones de dólares para saldar compromisos con la empresa Promoción Médica S.A. por el suministro de insumos y reactivos utilizados durante la Emergencia Nacional por la Covid-19. Obaldía explicó que los pagos corresponden a vigencias expiradas y son necesarios para mantener la operatividad del instituto. La solicitud fue aprobada sin objeciones.
Minutos después compareció Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, quien sustentó traslados de partidas por $6.8 millones para cubrir pagos a líneas de crucero que transitaron por el Canal bajo un decreto que exigía la intención de realizar home port. Además, añadió dos partidas más: $3.8 millones y $1.2 millones destinados al fondo de promoción turística internacional.
Una marca bajo la lupa
En medio de la exposición de De León, el diputado Manuel Samaniego, de la coalición Vamos, interrumpió para cuestionar el uso de parte de esos fondos. “Y hablar sobre el tema de la marca país, que a mí me llama bastante la atención. Lo primero que vamos a hacer es contratar una consultoría por $2.5 millones, ¿es así?”, preguntó, con tono de escepticismo. Su interrogante revelaba preocupación por el costo de una iniciativa que, según dijo, debía justificarse con resultados tangibles.
La administradora respondió a la interrogante. “No es solamente una consultoría —aclaró—. Marca país no es lo mismo que marca turística. La marca país define cómo nos ve el mundo, cuáles son nuestras cualidades como nación y qué debemos comunicar para atraer inversiones, no solo turistas”. Según explicó, la contratación está amparada en la ley que regula el Fondo de Promoción Turística Internacional.
De León subrayó que la empresa ganadora, Future Brands, es reconocida por desarrollar estrategias similares en países como Perú y Chile, y que la primera fase incluirá estudios de mercado, encuestas, análisis de posicionamiento y estrategias de implementación. “Va más allá de un logo o un eslogan”, insistió.
Salud y descentralización
A su vez, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, presentó cinco traslados de partidas por $55.7 millones, orientados a cubrir programas. Entre ellos, el Programa de Saneamiento de Panamá, beneficios a jubilados y pensionados, compensaciones a las víctimas del dietilenglicol, el pago de facturas de energía eléctrica y otros compromisos pendientes.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sustentó traslados de partidas por $27.8 millones, aprobados para cubrir el cuarto pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada. Según informó, más de 186 mil panameños serán beneficiados. “Estos programas —dijo— representan un apoyo directo a las familias más vulnerables y garantizan su permanencia en el sistema educativo y de salud”.
Mientras que el secretario de la Autoridad Nacional de Descentralización, Wilfredo Ríos, presentó dos traslados de partidas por $5.9 millones, orientados a ajustar recursos dentro del Programa de Impuestos de Bienes Inmuebles y aplicar la fórmula de solidaridad municipal. El jefe de Presupuesto de la entidad, César Candanedo, explicó que la reasignación permitirá corregir déficits y garantizar una distribución equitativa entre los municipios del país.
A su turno, el vicerrector académico del ITSE, Jonathan Juárez, solicitó un traslado de $698 mil para cubrir el pago del servicio de limpieza de abril a diciembre de 2025. “Es indispensable para mantener condiciones adecuadas de salud y seguridad dentro del campus”, dijo Juárez, al justificar el gasto.
Subsidios y becas bajo revisión
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también acudió a la cita para sustentar una solicitud de $23.2 millones destinados al fondo de estabilización tarifario, parte de un esquema de subsidios eléctricos que este año supera los $300 millones. Según funcionarios de la entidad, el objetivo es mitigar el impacto del alza de los precios de la energía sobre los hogares y las pequeñas empresas.
En tanto, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) pidió $50 millones para completar el último pago de becas del año 2025. Sin embargo, su presentación derivó en un debate.
El diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), exigió al director de la entidad, Carlos Godoy, entregar la lista de beneficiarios de los polémicos auxilios económicos otorgados en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009–2014) y Juan Carlos Varela (2014–2019).
“Queremos saber quiénes fueron beneficiados y por qué solo se investiga el periodo del gobierno pasado”, expresó Adames.
Como se recordará el programa de auxilios económicos fue ampliamente cuestionado por su uso político durante la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024). El pedido del diputado quedó registrado en actas, mientras Godoy se comprometió a suministrar la información, aunque solicitó tiempo para recabar los datos.
