Dos de las comisiones más relevantes de la Asamblea Nacional, la de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y la de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, sesionaron ayer miércoles 21 de enero. Aunque ambas encararon una agenda extensa y diversa, ninguna abordó dos asuntos cruciales para la agenda pública: los proyectos de ley anticorrupción y las iniciativas orientadas a reformar el reglamento interno de la Asamblea, una norma que define las reglas de juego de ese órgano del Estado.
La Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas, concentró la jornada en el trámite de objeciones presidenciales a varios proyectos de ley y en el inicio del primer debate de propuestas que introducen cambios al Código Penal.
En la sesión se presentaron informes sobre objeciones a iniciativas relacionadas con el régimen municipal, programas de protección temporal para niños y adolescentes privados del cuidado parental, incentivos de empleo para personas en proceso de resocialización y medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover la seguridad alimentaria.
Además, la comisión abrió el primer debate de proyectos vinculados a delitos de hurto pecuario, asociación ilícita y tráfico de personas menores de edad, entre otros.
Lo mismo de siempre: sin debate sobre el reglamento
Mientras tanto, la Comisión de Credenciales, a cargo de la también oficialista Dana Castañeda, dedicó la sesión a la consideración de nombramientos para el Órgano Judicial y para juntas directivas de entidades públicas.
Por ejemplo, esta comisión avaló la designación de Gimara Aparicio Ortega como magistrada suplente de Carlos Villalobos, así como la de Juan Carlos Tatis como suplente de Gisela Agurto. La comisión también dio luz verde a varios nombramientos realizados por el Ejecutivo en juntas directivas de empresas estatales y otras instituciones. Es así como le dieron el visto bueno a René Gómez Valladares Jurado para la directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, al igual que a Álvaro Naranjo para el Fondo de Ahorro de Panamá.
Cuando el secretario de la comisión se disponía a abordar el siguiente punto de la agenda, los diputados Augusto “Tuto” Palacios y Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, solicitaron alterar el orden del día para incluir la discusión de un grupo de proyectos de ley relacionados con el reglamento interno de la Asamblea.
Palacios pidió la palabra para sustentar la propuesta y recordó que la revisión de esta normativa constituye un compromiso asumido tanto por la comisión como por los 71 diputados. “Les pido el respaldo para que el orden del día se pueda incluir dentro de esta sesión, por una buena vez, el reglamento interno”, agregó.
Recordó cómo el tema se dilató en octubre pasado. Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, dijo que está de acuerdo con que se discuta el tema, pero en la próxima reunión.
Cuando los comisionados se disponían a votar la propuesta, la presidenta de la comisión, Dana Castañeda, solicitó un receso.
Apenas se retomó la sesión, la propuesta fue descartada porque según la presidenta de la comisión, debía tener cinco firmas.
La comisión siguió debatiendo sobre el nombramiento de Oscar Vallarino como directivo del Banco Hipotecario Nacional y otros asuntos de la agenda.
Algunas propuestas
Entre los cambios propuestos al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) destacan eliminar el voto secreto en las decisiones del pleno, abolir la exoneración de impuestos para la importación de autos de los diputados, hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los legisladores y prohibir la contratación de familiares (nepotismo). Además, se plantea reducir de 15 a 10 las comisiones permanentes de trabajo y establecer la regla de que “el diputado que no trabaja, no cobra”, aplicando descuentos salariales a quienes acumulen ausencias injustificadas.
Los promotores de la reforma, en su mayoría diputados que llegaron al Palacio Justo Arosemena en julio de 2024, como Alexandra Brenes (Vamos) y José Pérez Barboni (Movimiento Otro Camino), entre otros, han dicho que el reglamento vigente otorga un poder excesivo al presidente de la Asamblea y ampara prácticas opacas que minan la confianza ciudadana.
