El Comité de Arrecifes de Panamá envió una nota al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que manifiesta su “profunda preocupación institucional” por la aprobación, en tercer debate, del proyecto de Ley 571, una iniciativa que modificaría el marco legal de protección de los ecosistemas marinos del país.
En la misiva, la organización solicita formalmente el veto presidencial y advierte que la propuesta constituye un grave retroceso ambiental que pondría en riesgo la conservación de arrecifes, manglares y otras áreas marinas estratégicas para la biodiversidad panameña. Según el comité, la aprobación del proyecto abre la puerta a una mayor vulnerabilidad de los recursos costeros y amenaza décadas de avances en materia de protección ambiental.
El comité es un cuerpo colegiado creado al amparo de la Ley 304 de 2022 y constituido formalmente por el Ministerio de Ambiente en 2025. Su estructura integra representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones científicas, el sector turístico, la academia, organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios.
Su función principal es vigilar el cumplimiento de las normas de protección y ofrecer recomendaciones técnicas orientadas a garantizar la integridad de los arrecifes coralinos y de las especies asociadas a estos ecosistemas.
El centro del conflicto radica en que el Proyecto de Ley 571, impulsado por el diputado perredista Benicio Robinson, carece de sustento técnico y jurídico, según advierten los especialistas.
El comité sostiene que esta nueva normativa debilita la protección de los arrecifes de coral y deja desprotegidos otros ecosistemas vitales, como los pastos marinos, manglares y estuarios. A juicio de los expertos, esta desprotección podría desencadenar consecuencias ecológicas irreversibles en las costas panameñas.
Criterio científico
Para los especialistas, la degradación de estos ecosistemas no solo representa un problema ambiental, sino también una amenaza directa para la economía y la seguridad alimentaria del país. Los arrecifes y manglares son fundamentales para la protección costera frente a tormentas, el sustento de la pesca local y el desarrollo del turismo sostenible.
Uno de los puntos más críticos señalados en la nota es la exclusión del criterio científico durante la elaboración de la ley. El comité denuncia que, pese a sus atribuciones legales, nunca fue consultado sobre esta iniciativa legislativa. Por ello, considera imperativo que cualquier modificación a la normativa responda a principios de prevención, precaución ambiental y restauración ecológica, y que además cuente con la participación activa de centros de investigación y especialistas en biología marina.
La petición dirigida al Ejecutivo es clara: se requiere un veto total para que el texto sea devuelto a la Asamblea Nacional. El objetivo es realizar una revisión integral que alinee la propuesta con los compromisos ambientales nacionales e internacionales asumidos por el Estado panameño.
La nota destaca que la decisión de solicitar el veto fue adoptada por la mayoría de sus miembros, quienes enfatizaron la necesidad de que la legislación se sustente en criterios de sostenibilidad y rigor científico para proteger la biodiversidad marina de Panamá.
De hecho, el documento cuenta con las firmas de figuras del ámbito científico y social, entre ellas Edgardo Díaz Ferguson, de la Estación Científica COIBA AIP; Arcadio Castillo, representante del Congreso General Guna; y Belgis Chial, de la Universidad de Panamá. También suscriben la petición Isaías Ramos González, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM); Paula Sills, de Ankay Conservation, en representación del sector turístico; y Erasmo Rodríguez, de la Autoridad Marítima de Panamá.
Los cambios
La Asamblea Nacional aprobó el 29 de abril, en tercer debate, el proyecto de ley 571, una iniciativa impulsada por el diputado perredista de Bocas del Toro, Benicio Robinson, que reconfigura el marco de protección de los arrecifes coralinos y los ecosistemas asociados. Mientras antes se prohibía cualquier intervención o construcción en arrecifes y pastos marinos, la nueva norma flexibiliza estas restricciones.
La potestad pasa ahora al Ministerio de Ambiente, que deberá definir en qué condiciones se permitirán intervenciones en pastos marinos y ecosistemas asociados, lo que diluye la restricción vigente.
En el caso de los arrecifes coralinos, se mantiene la prohibición de actividades que causen “daño directo”; sin embargo, la redacción introduce un matiz: al exigir que el daño sea comprobable, abre espacio a interpretaciones sobre qué intervenciones podrían permitirse, lo que ya genera tensiones entre ambientalistas y promotores de la ley.
