Ricardo Martinelli, expresidente en fuga, vendió sueño de quimeras. Al ganar la Presidencia de la República en 2009, el empresario prometió que durante su mandato fortalecería al Estado y sus instituciones. Se comprometió a que ni él ni su equipo de trabajo usurparían el erario. Una imagen distinta a la que se muestra hoy en los días previos a la VII Cumbre de las Américas, en la que Panamá se presenta al mundo tal como es, o como la dejaron.
Extinto el vendaval que fue la administración del cambio, el nuevo gobierno, encabezado por Juan Carlos Varela, aliado político de Martinelli en los primeros 24 meses de su administración y rival durante el resto, se ha encargado de ventilar los secretos de la anterior gestión. Uno a uno, los ministerios, institutos, secretarías y autoridades han interpuesto una que otra denuncia ante la justicia por desfalcos e irregularidades.
La nueva gestión apenas llevaba siete meses con las riendas del país cuando Martinelli abandonó Panamá. Fue a Guatemala, luego a Europa y terminó en Estados Unidos. La última vez que se le vio estaba en Miami. Salió del país cuando la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) admitió el conocimiento de una denuncia que lo relaciona con irregularidades en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas por $44.9 millones.
EL PAN BAJO EL BRAZO
En septiembre pasado comenzaron las investigaciones. No hubo que escarbar mucho para encontrar sorpresas en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). Lo primero que saltó a la vista tras la gestión de una Fiscalía Anticorrupción fueron los $18 millones en cuentas bancarias del exdirector de esta institución Rafael Guardia Jaén, quien, acorralado, se entregó a las autoridades. A las semanas empezó a hablar. Dijo que el dinero en sus cuentas era producto de transacciones irregulares en asignaciones de compras a empresas allegadas al gobierno. Se trazó un panorama de lo que ocurría en el PAN.
Hubo supuestas malversaciones de fondos en la compra de granos, por $4.5 millones; en la compra de mochilas escolares, por $12 millones; en la compra de comida deshidratada, por $44.9 millones; entre otras transacciones.
Por estos casos, el Ministerio Público (MP) investiga a la exministra de Educación Lucy Molinar; a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; a Mario Martinelli, hermano del exmandatario; al exministro de Obras Públicas Federico Suárez; al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli.
La lista sigue: a María Fábrega, exviceministra de la Presidencia; Marta Susana de Varela, exviceministra de Desarrollo Social, y un extenso listado de empresarios, entre los que figura Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lekrshore International, que vendió la comida deshidratada. Mientras, como ya se dijo, la CSJ tiene en la mira a Martinelli.
El MP también ha intentado citar a Adolfo De Obarrio, exsecretario personal de Martinelli y quien ha sido mencionado como pieza clave en la trama de irregularidades en el PAN. De Obarrio salió del país sin billete de regreso.
LOS OMNIOYENTES
El PAN, antes FIS (Fondo de Inversión Social), fue creado con el propósito de disminuir la burocracia en compras de urgencia para la población vulnerable.
A mediados de 2010, el gobierno de Martinelli contradijo la esencia de la institución al adquirir una máquina para interceptar las comunicaciones de sus adversarios en el mundo político y empresarial. El aparato, comprado a una empresa israelí por $13.4 millones, podía infiltrar una computadora y acceder a sus archivos, captar las comunicaciones por vía celular y mensajería, y registrar conversaciones en oficinas cerradas.
Por este caso de supuesta violación a la intimidad están detenidos los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. A este último también lo investigan por peculado, debido a que el aparato no aparece y no dio cuenta del mismo a las nuevas autoridades del ente.
En los meses previos a las elecciones del 4 de mayo de 2014, el gobierno del cambio adquirió otra máquina para infiltrar comunicaciones. También está desaparecida.
INSIGNIAS
Desde sus primeros meses como mandatario, Martinelli dejó ver su cercanía con Italia. Analistas dijeron que intentaba copiar el estilo del mandatario italiano en ese momento, Silvio Berlusconi. No solo fue el invitado de honor en una importante actividad relacionada con el proyecto de ampliación del Canal, sino que uno de sus hombres clave, Valter Lavítola, influyó para pactar millonarios negocios entre el Gobierno panameño y empresas italianas.
Lavítola, hoy está preso en Italia acusado de sobornos y compensaciones a través Finmeccanica con varios presidentes. Entre ellos, Martinelli.
El exgobernante tenía a su disposición un país próspero, donde se hacían “buenos negocios”. Prueba de ello es que se construyeron megaobras que, según expertos en la materia, tienen sobreprecios. Pero esa prosperidad tenía también otros usos. El exagerado incremento de la planilla estatal es uno de esos ejemplos. Al expresidente se le acusó varias veces de inflar la planilla con propósitos proselitistas.
En la recta final de la campaña electoral de 2014, este medio reveló la existencia de una base de datos a favor del candidato presidencial oficialista José Domingo Arias, costeada con fondos estatales. Consistía en supuesta recopilación de información protegida por el Tribunal Electoral. Con el número de cédula, mostraba si usted era funcionario, su afiliación política, si recibía un programa social, entre otros datos. Era manejada y alimentada por funcionarios.
OTRO FESTÍN
El gobierno de Martinelli se caracterizó por su emprendimiento de proyectos con grandes presupuestos. Simples auditorías en la gestión de Varela han mostrado irregularidades en la mayoría. El Ministerio de Seguridad, a cargo de José Raúl Mulino, por ejemplo, se empeñó en dotar a las fuerzas policiales de bombas, granadas y todo tipo de explosivos. “Por seguridad nacional”. Rodolfo Aguilera, el nuevo titular de esta cartera, apareció en los medios a las semanas de tomar posesión advirtiendo que estas adquisiciones bélicas –en un país sin ejército– registraron un posible sobrecosto por $50 millones.
Giselle Burillo, exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), manejó millonarios proyectos, entre ellos, Mi Primera Oportunidad, con en el que se formaba a futuros pequeños empresarios mediante la entrega de kits básicos: para rostizar pollo, preparar yogur, lustrar zapatos, entre otros oficios.
Contrató a decenas de empresas para que proporcionaran este servicio, pero apenas unas cuantas se llevaron el pastel. Por ejemplo, entre 2011 y 2013 otorgó 99 contratos a cuatro empresas por $16.6 millones. La nueva administradora de Ampyme, Ada Romero, denunció que en el depósito de las oficinas de la entidad había centenares de artículos no registrados. Advirtió que se trataban de compras para hacer política. Romero estimó una lesión patrimonial de $40 millones. El caso está bajo investigación.
OTROS CASOS
Otro de los rostros íconos del pasado gobierno era Guillermo Ferrufino, el expresentador de televisión a quien su propio partido le truncó sus aspiraciones de ser presidente y alcalde capitalino. Investigaciones de este medio revelaron que el exministro de Desarrollo Social poseía costosas y lujosas propiedades que no incluyó en su declaración patrimonial.
La Contraloría, a través de una auditoria forense, determinó que el patrimonio del exfuncionario era injustificable, por lo que el caso pasó a manos del MP, y Ferrufino está ahora detenido. Hay más auditorías: en el Ministerio de Salud se desarrollan controles para determinar si hubo lesiones patrimoniales bajo la gestión de Franklin Vergara en contratos a empresas allegadas para la construcción de hospitales; en la Autoridad de Turismo buscan presuntos malos manejos de Salomón Shamah; en el Ministerio de Trabajo escudriñan los archivos en busca de anomalías en el programa Mi Primer Empleo, que al principio lideró Alma Cortés.
MONCADA LUNA
Los casos no solo alcanzan al Ejecutivo. Hace un mes, el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. Además, se le separó de su cargo y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.