El marco legal que protege la vida marina atraviesa una polémica transformación que ha avanzado sin demasiados frenos. Detrás de la iniciativa aparece el cuestionado diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, una figura con amplio control político en el país. La propuesta también fue avalada por el Ministerio de Ambiente, liderado por Juan Carlos Navarro.
En ese mapa de poder, el feudo de Robinson, Bocas del Toro, emerge no solo como telón de fondo, sino como el posible destino de la propuesta por el desarrollo turístico de la zona. Allí, donde el mar sostiene economías locales y equilibrios ecológicos frágiles, cualquier cambio normativo deja de ser abstracto: se vuelve concreto, inmediato y potencialmente irreversible.
El conflicto radica en que, tras cuatro años de vigencia de la Ley 304 de 2022 —considerada un hito por establecer la protección integral de los sistemas coralinos y sus especies asociadas—, el panorama legislativo se agitó con la llegada del proyecto de Ley 571, que fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate este lunes 27 de abril, y todo indica que seguirá avanzando sin objeciones.
La controversia
El cambio más polémico radica en la modificación del artículo 12. Mientras la Ley 304 prohibía tajantemente cualquier construcción o intervención en arrecifes, pastos marinos y ecosistemas asociados, el nuevo texto introduce un cambio en la forma en que se gestionan los “pastos marinos y sus ecosistemas asociados”, al trasladar al Ministerio de Ambiente la potestad de regular cualquier intervención en estos hábitats, lo que elimina el carácter restrictivo que antes blindaba estos ecosistemas.
En el caso de los arrecifes coralinos, la iniciativa añade un nuevo artículo. En estos ecosistemas no se permitirá la construcción, modificación ni ninguna actividad que implique afectación, tanto en las aguas como en el sustrato, si hay un “daño directo”.
A juicio de organizaciones ambientales y biólogos, esto abre un amplio margen de interpretación. Voces como la del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) encendieron las alarmas durante el primer debate. Johana Ábrego, en representación de dicha entidad, advirtió sobre la existencia de posibles “inconsistencias” entre la exposición de motivos —cuyo argumento era la protección de estos ecosistemas— y el texto normativo real, el cual flexibiliza lo establecido anteriormente en la Ley 304.
La preocupación central es que, al supeditar la protección de los pastos marinos a una futura reglamentación del Ministerio de Ambiente, se podría estar debilitando la salvaguarda legal que ya existía, otorgando un margen de discrecionalidad que pondría en riesgo la salud integral del ecosistema marino.
Opinión científica
El biólogo del CIAM, Isaías Ramos, advierte que la reforma representa un retroceso frente al esquema de protección vigente, al pasar de una prohibición expresa de construcciones y afectaciones —directas e indirectas— sobre corales y pastos marinos, a un modelo en el que estas intervenciones podrían ser evaluadas y eventualmente aprobadas por el Ministerio de Ambiente. Según explica, la iniciativa abre la puerta a que proyectos y estudios sean autorizados mediante criterios administrativos, eliminando el carácter restrictivo que antes blindaba estos ecosistemas.
Con más de dos décadas de trabajo de campo, recorriendo prácticamente todos los arrecifes del Pacífico y el Caribe panameño, el biólogo marino Héctor Guzmán sostiene que la reforma propuesta desconoce la fragilidad histórica de estos ecosistemas.
Recuerda que, desde los años noventa, las investigaciones científicas ya advertían que la cobertura de coral vivo en el país no superaba el 30 %, una señal temprana del deterioro de su salud ecológica que motivó la creación de una normativa de protección construida durante años con aportes de científicos, autoridades, ONG y sectores productivos.
Guzmán advierte que flexibilizar la ley no solo rompe ese consenso construido, sino que también favorecería intereses particulares, dejando como saldo una pérdida significativa para los recursos marinos del país.
El espaldarazo
En cambio, el Ministerio de Ambiente fijó su posición sobre el anteproyecto de Ley 406 y lo hizo en términos favorables. En una nota dirigida al presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Lenin Ulate, la entidad respalda la iniciativa. El documento, firmado por el ministro Juan Carlos Navarro, sostiene que la propuesta se alinea con el mandato constitucional de garantizar un ambiente sano y con los principios de la legislación ambiental vigente.
La entidad enfatiza que la iniciativa consolida el reconocimiento del interés público ambiental de estos ecosistemas y fortalece herramientas jurídicas orientadas a su conservación y uso sostenible. Aunque advierte que la aplicación de la norma deberá sostenerse en criterios técnicos y científicos, y que el sistema de evaluación de impacto ambiental seguirá siendo el mecanismo central para valorar cualquier proyecto en estas áreas.
Durante la sustentación del proyecto, el diputado Benicio Robinson defendió la iniciativa como una corrección a lo que considera un error de la Ley 304 de 2022, al haber incluido en un mismo régimen de prohibición a los corales, las algas y los pastos marinos. En su intervención, argumentó que estos últimos son “hierbas” que crecen en el sustrato marino y que no debieron ser equiparados con los arrecifes coralinos, por lo que la reforma busca separarlos jurídicamente.
Según explicó, el objetivo es permitir que en zonas con presencia de pastos marinos se puedan desarrollar construcciones y otras actividades, siempre bajo la regulación del Ministerio de Ambiente, sin eliminar —aseguró— la protección ecológica.
Robinson sostuvo que la norma vigente ha limitado el desarrollo, especialmente en provincias como Bocas del Toro, donde —según dijo— la abundancia de pastos marinos impide actualmente nuevas edificaciones.
La propuesta, añadió, no liberaliza las intervenciones, sino que traslada la decisión al Ministerio de Ambiente, que deberá evaluar cada caso y autorizar o no las obras, con o sin estudios de impacto ambiental.
A diferencia del esquema anterior, enfatizó, la reforma mantiene la prohibición absoluta sobre los arrecifes coralinos, pero abre la posibilidad de uso en áreas con pastos marinos, bajo la premisa de que el Estado pueda equilibrar desarrollo y protección ambiental.
