Ocho años después de que comenzara un proceso contra funcionarios del Órgano Judicial acusados de cobrar dinero a cambio de otorgar libertades, medidas cautelares y fianzas de excarcelación, se dictó una sentencia.
El juez segundo liquidador adjunto de causas penales, Fernando Basurto García, declaró penalmente responsables a 18 investigados como autores del delito de corrupción de servidores públicos.
A ocho de los implicados, que en 2015 cuando se inició el caso, fungían como funcionarios del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se les impuso una condena de 72 meses de prisión (seis años). Mientras que a 10 personas que integraban jurados de conciencia, se les sancionó con 45 meses cárcel (tres años y siete meses). La investigación de la fiscalía reveló que algunos jurados de conciencia eran contactados por los funcionarios judiciales encargados de trasladarlos durante los juicios, para que favorecieran a un determinado implicado.
Otros dos fueron declarados “no culpables”. El juez Basurto consideró que no se logró probar que cometieran alguna conducta dolosa.
La sentencia mixta fue dictada el pasado 11 de mayo. Previamente, en una audiencia realizada el pasado 30 de marzo, otros cinco implicados se acogieron a un acuerdo de pena que fue validado por el juez, por tanto, cuatro de ellos deben pagar una condena de 40 meses de cárcel (tres años y tres meses) mientras que otro fue sentenciado con 60 meses de prisión (cinco años).
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Ninguno podrá ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la pena que les fue impuesta.
Así empezó
A mediados de agosto 2015, el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, recibió información de que en los juzgados de circuito penal, en el Segundo Tribunal Superior Penal y en la Oficina de Descongestión Judicial, supuestamente se cobran coimas para liberar a personas vinculadas con procesos penales, y sobornos a jurados de conciencia.
Como parte de las investigaciones, la Sala Penal de la CSJ autorizó intervenciones telefónicas, por solicitud del Ministerio Público. Se le dio seguimiento a las llamadas telefónicas de los funcionarios judiciales y se recabaron pruebas.
También se obtuvieron evidencias de que un funcionario encargado de agendar las audiencias presuntamente cobraba dinero a algunos abogados para adelantar o retrasar las fechas de juicios, según fuera la necesidad. El escándalo generado por la investigación obligó a los magistrados del Segundo Tribunal a establecer mayores controles.
