Durante los últimos siete años, el Estado ha vuelto a quedar en deuda con los niños, niñas y adolescentes que viven bajo su tutela en centros y albergues del país.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Familia del Ministerio Público y las condenas dictadas contra responsables de maltratos y abusos evidencian fallas persistentes en los mecanismos de supervisión y protección de una población que, paradójicamente, debía estar resguardada por el propio sistema estatal.
Entre 2017 y 2024, la Fiscalía de Familia abrió 49 investigaciones relacionadas con centros y albergues de atención de menores en el país. Según datos oficiales, estos procesos han derivado, hasta ahora, en 15 sentencias condenatorias contra personas señaladas por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección del Estado.
La fiscal superior de Familia, Ledye Machuca, explicó en una entrevista concedida a TVN Noticias que cada caso fue abordado por equipos interdisciplinarios conformados por fiscales, psicólogos, trabajadores sociales y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Estos grupos se encargaron de recolectar evidencias, entrevistar a las víctimas y evaluar las condiciones de los centros denunciados, con el objetivo de sustentar las investigaciones ante los tribunales.
El contenido de las denuncias
De acuerdo con la información suministrada, entre los condenados se encuentran directores de albergues, cuidadores y otros colaboradores que prestaban servicios dentro de las instalaciones. Las autoridades señalaron que varios de ellos aprovecharon la posición de confianza y autoridad que ejercían sobre los menores para cometer los delitos.
Las pesquisas permitieron documentar distintos tipos de maltrato, entre ellos agresiones verbales y físicas, actos de hostigamiento y humillaciones, así como delitos de naturaleza sexual. Cada uno de estos hallazgos dio pie a procesos judiciales que culminaron en fallos condenatorios dictados por los tribunales competentes.
El Ministerio Público sostuvo que estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo orientada a reforzar la protección de la niñez institucionalizada y a garantizar que las denuncias sean investigadas con rigor técnico.
De hecho, la semana pasada la Procuraduría ordenó la implementación de una medida de protección policial especial, que contempla rondas policiales permanentes y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde recientemente la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, denunció la presunta comisión de abusos.
Historias de terror
Entre los señalamientos expuestos tras una inspección realizada por Brenes figuran presuntos delitos de abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, así como irregularidades en la infraestructura del centro, falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio; condiciones que, según la diputada, no cumplen con los estándares de protección adecuados para una población vulnerable.
Pero esta no es la primera vez que en este albergue se denuncian irregularidades de este tipo. El sitio, inicialmente denominado Casa Hogar de Tocumen, era administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides); sin embargo, a partir de 2009 fue entregado en concesión a la Fundación Creo en Milagros, que lo rebautizó como Hogar Metro Amigos.
Posteriormente, en abril de 2019, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) traspasó la administración del albergue a la Fundación Chilibre Panamá, que pasó a denominarlo Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá.
Ya en aquellos años surgieron las primeras denuncias, a través de informes de trabajadores sociales, sobre las condiciones del lugar: los menores dormían en el suelo porque las camas estaban dañadas; había medicinas vencidas; expedientes médicos sin actualización de recetas; la población albergada superaba la capacidad máxima permitida; y en las estancias de los adolescentes existía un espacio conocido como “el área”, una habitación sin ventanas, camas ni luz destinada al castigo de los menores.
Todo esto derivó en la apertura de varias investigaciones por parte del Ministerio Público y en que el Estado, a través de la Senniaf, retomara el control del albergue, en un intento por restablecer el orden y garantizar la protección de los menores. Sin embargo, según las denuncias de Brenes, los abusos e irregularidades habrían continuado.
Otras denuncias
En 2020, y pese a que el lugar no reunía las condiciones ni el personal especializado para atender a menores de edad, la Senniaf trasladó a unas 10 niñas y adolescentes a un albergue para adultos en la provincia de Veraguas. El sitio, identificado como Refugio Amor de Damas, opera bajo la administración de la Fundación Solo es Cuestión de Fe.
La situación salió a la luz cuando un grupo de adolescentes se fugó del refugio y relató a vecinos y a unidades de la Policía Nacional que escaparon por presuntos maltratos. Las denuncias sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes derivaron en la apertura de investigaciones judiciales y administrativas.
Ese mismo año se conoció que la Senniaf envió a 13 niños, niñas y adolescentes en riesgo al Refugio Vida Libre, en Las Garzas, pese a que se trataba de un centro destinado a la rehabilitación de adultos con adicción a las drogas. Dos de los adolescentes relataron a trabajadores sociales que un adulto del centro los “acosaba” y “tocaba”.
En aquella ocasión, tanto Sara Rodríguez, entonces directora de la Senniaf, como María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social (Mides), optaron por guardar silencio frente a los señalamientos.
En el escenario actual, la reacción no ha sido distinta. Las nuevas autoridades de la Senniaf y del Mides, Ana Melinda Fábrega Guardia y Beatriz Carles, respectivamente, han mantenido la misma línea de cautela y reserva, evitando ofrecer declaraciones sobre los hechos denunciados, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión y la transparencia en el manejo de estos casos.
