La Contraloría General de la República (CGR) ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría que le remitió la Fiscalía General de Cuentas entre 2020 y mayo de 2024.
Así lo plantea un informe estadístico de la Fiscalía de Cuentas, el cual detalla que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría 52 solicitudes de auditorías, pero solo se abrieron cuatro de ellas.
De hecho, el diputado del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, se hizo eco de este documento en sus redes sociales.
“He aquí la prueba evidente de que el señor contralor actual, [Gerardo Solís], no está colaborando con la fiscal de cuentas, [Waleska R. Hormechea], con los pedidos de auditoría que necesita para iniciar las investigaciones, desde que está en el ejercicio del cargo”, detalló Cedeño.
He aquí la prueba evidente de que el señor contralor actual, no está colaborando con la fiscal general de cuentas, con los pedidos de auditoria que necesita para iniciar las investigaciones, desde q está en el ejercicio del cargo. Me acaba de mandar la nota la fiscal a ruego mio. pic.twitter.com/WBpq6hkJy9
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) July 23, 2024
Precisamente, la gestión de Solís se ha caracterizado por negarse a realizar auditorías, no investigar y ocultar nombres en los registros oficiales. Por ejemplo, la Contraloría escondió más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.
A esto se suman las secuelas de la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984), la cual continúa siendo percibida como un obstáculo en la batalla contra la corrupción. Esta normativa fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023, recurso legal que fue admitido ese mismo año.
Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público. También permite otorga facultades casi plenipotenciarias a la Contraloría y facultades de discrecionalidad al contralor, que pueden prestarse a la arbitrariedad.
