El contralor de la República, Gerardo Solís, informó este miércoles que habían solicitado incluir una partida de $54.6 millones dentro del presupuesto para la vigencia fiscal de 2022 con el objetivo de realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo recomendó 6.1 millones. “Eso claramente imposibilita la tarea de realizar el censo”, dijo Solís durante la sustentación del presupuesto de la entidad en la Asamblea Nacional.
El contralor pidió a los diputados de la Comisión de Presupuesto que intercedan para que el MEF haga los ajustes y le aprueben la partida. El ministro de Economía, Héctor Alexander, quien se encontraba en la reunión, aseguró que analizarán la solicitud. “Vamos a hacer los esfuerzos para que los fondos estén”, dijo.
Y se defendió al decir que no tenían conocimiento que dentro del presupuesto que había pedido la Contraloría estaba la solicitud de la partida para hacer el censo.
En la sesión, el diputado presidente de la comisión Benicio Robinson le preguntó a Solís que si se conseguían los fondos se podría realizar el censo el próximo año. “Creo que es importante responder la pregunta con un categórico sí”, dijo Solís.
El contralor explicó que en esta ocasión harán un censo con nueva modalidad, acorde “a los países de primer mundo”.
“En el pasado en Panamá el censo era de hecho, es decir, de un solo día, era invasivo, agresivo y los ciudadanos se tenían que quedar en su casa y no se podían mover hasta que tuvieran censados”, indicó.
Ahora será un censo “electrónico, digital y va tomar aproximadamente de 60 hasta 90 días”, sostuvo.
Solís dijo que esta modalidad de censo se llama “censo de derecho”, el cual dará una “cifra y data precisa” para poder hacer la planificación de las políticas públicas.
En la Comisión de Presupuesto, el contralor Solís se refiere a la realización del Censo nacional.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/rLx5Ynkbgm pic.twitter.com/ypFbWR5Yzp
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 22, 2021
El censo estaba programado, inicialmente, para el 24 de mayo de 2020. Pero fue suspendido. Y es que a finales de 2019, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) anuló la accidentada licitación para adquirir los materiales censales, servicios logísticos y de procesamiento de los cuestionarios del Censo 2020. El acto tenía un precio de referencia de $8.3 millones.
La licitación estuvo plagada de impugnaciones por las partes, lo cual llevó —por el tiempo de resolución de los recursos— al aplazamiento del censo previsto para el 24 de mayo de 2020, tres meses antes de que se decretara la pandemia por la Covid-19 en marzo de 2020. La decisión fue anunciada el 5 de diciembre de 2019.
