La Contraloría General de la República (CGR) reiteró este viernes, 16 de abril, a través de su Dirección de Comunicación que no se puede obligar a los funcionarios a donar al Plan de Panamá Solidario, el cual ejecuta el Gobierno como una ayuda para enfrentar los efectos del coronavirus.
La institución informó que puso a circular entre las oficinas institucionales de recursos humanos el instructivo para que los servidores públicos, con salarios superiores a los mil dólares mensuales, autoricen la donación voluntaria de un porcentaje de su ingreso para incrementar los fondos del Plan Panamá Solidario aliviar el impacto del coronavirus en el país.
El director de Métodos y Sistema de Contabilidad de la CGR, Felipe Almanza, expresó que todo el que desee aportar al Plan Panamá Solidario gestionará su descuento voluntario a través de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de la entidad en que labora.
El instructivo se aplica para las entidades del gobierno central, entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales que tramitan y autorizan descuentos, a través de la Contraloría.
El porcentaje máximo que se podrá autorizar será de hasta un 20% del salario bruto mensual, porcentaje que también podrá aplicarse a quienes, además del salario regular, tengan asignados gastos de representación.
El Ejecutivo había elevado una consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre la legalidad de esta medida. Este contestó que acción del gobierno es legal siempre y cuando sea de carácter voluntario.
González argumentó la decisión basándose en los lineamientos trazados en el código de ética que rige para el sector público.
El artículo 8 de dicha norma dice: “El servidor público promoverá y apoyará con su ejemplo personal los principios establecidos”.
Algunos funcionarios de altos cargos, como la magistrada María Eugenia López Arias y el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, han autorizado el descuento del 20% de sus salarios.
