El actual contralor, Federico Humbert y su antecesora, Gioconda Torres de Bianchini, tuvieron algo en común: ambos optaron por no refrendar los contratos de auditoría al Programa de Ayuda Nacional (PAN) y a 153 Juntas comunales en el periodo de 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014.
Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, había contratado a través de una licitación abreviada por el mejor valor a la empresa Rogers Forensic Auditors para realizar estos procesos, que la Contraloría decidió frenar basado en la premisa que los únicos resultados que aceptarían en el Ministerio Público serían los que realice la institución. Además, dijo Humbert, esto le ahorraría $2.1 millones al Estado.
El presidente de la empresa, Juan Iván Rogers, no comparte la decisión adoptada por Humbert, ya que, aseguró, con la auditoría forense se puede investigar mucho más que solamente al círculo gubernamental que hoy parecen estar implicados en los actos de corrupción existentes y denunciados a lo interno del PAN.
“La Contraloría tiene una limitación: si se sobrepasan [en sus investigaciones] esto será una comidilla de los abogados de las personas que serán señaladas [en los procesos]”, planteó Rogers.
El experto afirmó que su empresa había comenzado las auditoría de forma extraoficial por “instrucciones precisas del Presidente (Juan Carlos Varela)”.
“Este grupo [implicados en el PAN] está compuesto por cientos de personas naturales, entre funcionarios, particulares y políticos, y se estima que pudieron manejar aproximadamente unos $2 mil millones con traspasos de partidas”, explicó.
La jugada política
Rogers advierte que detrás de la decisión del contralor están algunos de sus asesores, específicamente Carlos García, secretario general de la Contraloría, y que las auditorías podrían tener un manejo político para las elecciones de 2019.
Explicó que García fue exdirector del Fondo de Invesión Social (FIS), hoy PAN, durante el periodo del expresidente Martín Torrijos desde el 2007 hasta mediado de 2008. Luego pasó a ser viceministro de Presidencia.
“Es a la secretaría general donde tiene que llegar los resultados de las auditorías independientes y García coordinará, controlará los resultados de las auditorías independiente”, señaló.
La presión
El especialista también aseguró que el miércoles pasado, el Contralor se presentó al despacho del Ministro para pedirle que retirara la solicitud de insistencia que había efectuado para que se refrendaran los contratos de Auditorías.
“Pareciera que el contralor salió con cinco barcos a pescar camarones, pero una vez en alta mar se ha dado cuenta que no son camarones sino tiburones y no tiene la capacidad física y no tiene las herramientas ni equipo para pescar esos tiburones”, concluyó.
Uno de los contratos fue por un millón 243 mil 125 dólares, era para auditar el manejo de fondos de 153 juntas comunales. El otro, para auditar los manejos de fondos y recursos del PAN, por la suma de $875 mil, durante el quinquenio del gobierno anterior.
Esta habría sido la segunda ocasión en la que el PAN pasaba a ser investigada por una sociedad privada. En el primer mes de gobierno de Ricardo Martinelli, la Contraloría, a cargo de Carlos Vallarino, contrató a López Consultores para dicho trabajo, cuyos resultados fueron utilizados para presionar a políticos para que se cambiaran de partidos, según denuncias en aquel entonces.
El contralor
El contralor Humbert, explicó que los contratos no refrendados no tienen ninguna válidez. “Si Rogers sabe que sin un contrato refrendado no debió haber iniciado ninguna investigación, si es que lo que el dice es cierto”, planteó Humbert.
El contralor garantizó que las auditorías que realiza son tan buena como la de cualquiera empresa privada.
En cuánto al manejo político de su secretario general, aseguró: “me sorprende que el señor Rogers venga con mentalidades ya superadas por Panamá y su sociedad”. Negó que se haya dado una reunión con el ministro del MEF, pero reveló que en su momento advirtió que no los refrendaría.
Por su parte, el titular del MEF afirmó que respeta la decisión del contralor y que sí le confirmó telefónicamente que no refrendaría los contratos ya que la institución podía tomar la responsabilidad de los mismos.