La Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas de Panamá convocaron este jueves 9 de octubre a una conferencia de prensa para explicar y defender la aplicación de medidas precautorias, como el polémico secuestro de bienes, cuestionado en los últimos días por exmagistrados, diputados y organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
La cita reunió al contralor Anel Flores y al presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Alexis Del Rosario Franco, quienes detallaron la importancia de actuar con rapidez en la recuperación de patrimonios estatales.
Flores reveló que ya están en vigencia procesos de cuatelación de bienes y avanzan en la comunicación con bancos y el Registro Público para hacer los secuestros. De hecho le puso un número a la cantidad de casos que manejan: son 40.
Las jusiticaciones de dos aliados
Según Del Rosario, uno de los principales problemas radica en la demora entre el inicio de una investigación en la Contraloría y la emisión de medidas cautelares por parte del Tribunal de Cuentas.
“En 2024, pasaron en promedio cuatro años entre el inicio de la investigación y la primera medida cautelar. En ese tiempo, muchas personas pudieron deshacerse de sus bienes”, explicó.
El presidente del Tribunal de Cuentas destacó que esta dilación tiene consecuencias directas sobre el patrimonio estatal.
De las condenas por $70 millones, solo se logró recuperar bienes por $20 millones. “Ese es el problema que hay que discutir”, insistió, subrayando la necesidad de un cambio en el paradigma de las medidas precautorias.
Tanto Flores como Del Rosario señalaron que la legalidad de estas medidas está respaldada por la Constitución y la Ley 32 de 1984, así como por el artículo 33 de la Ley 67 de 2008 del Tribunal de Cuentas.
Celeridad
Por su parte, el contralor Anel Flores agregó que la celeridad en la actuación es clave para garantizar la recuperación del patrimonio del Estado. “No podemos quedar esperando. Si esperamos, cuando llegue la sentencia, muchos recursos ya habrán sido transferidos o desaparecidos”, advirtió.
Además, señaló que han identificado irregularidades valoradas en $57 millones y dictado medidas cautelares por $24 millones.
Las medidas precautorias, según los funcionarios, cuentan con controles legales rigurosos. No solo se sujetan a la supervisión del Tribunal de Cuentas, sino que también pueden ser revisadas por la Sala Tercera mediante contención administrativa, que suspendería la medida de manera inmediata si se detectara algún error.
“Este poder de la Contraloría existe en la ley desde 1984. Mientras alguien no lo demande en la Corte Suprema, tenemos derecho a usarlo por el principio de legalidad”, señaló Flores.
“A la gente decente no tiene nada que preocuparse. Los empresarios no deben inquietarse; lo que vamos a buscar son los maleantes y los delincuentes, porque esos recursos no son de ellos y los vamos a recuperar”.
Flores cerró con un mensaje a quienes se oponen a la medida: “Y si alguien al final del camino no queda satisfecho con nuestras implicaciones, bueno, ahí está la Sala, ahí está la Corte Suprema, que tendrá que tomar las medidas y decidir sobre la demanda, sea inconstitucional o no. Pero yo voy a actuar conforme al principio de la ley; la ley nos faculta a hacer lo que estamos haciendo, siempre y cuando se cumpla con lo legal”.
Mulino respalda medida
El presidente José Raúl Mulino respaldó este jueves 9 de octubre las facultades de la Contraloría General de la República para aplicar medidas cautelares, como el secuestro de bienes, siempre que se trate de casos relacionados con daño patrimonial al Estado.
Mulino se pronuncia sobre resolución de la Contraloría y revocatorias de mandato.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/yZzbaeBVXY
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2025
En declaraciones a los medios, el mandatario aseguró que el reglamento que ha generado controversia “es legal y no invade otras jurisdicciones”.
Aunque la Contraloría y el presidente de la República defienden la medida como un instrumento de protección del patrimonio estatal, exmagistrados como Edgardo Molina Mola y Esmeralda Arosemena de Troitiño, así como el exprocurador de la Administración Rigoberto González, sostienen que el reglamento introduce procedimientos que podrían vulnerar el debido proceso, abrir espacios para el uso político del control fiscal y concentrar demasiado poder en un solo despacho.
Molina Mola recalcó que “a todas luces se ve que está fuera de lo legal y de lo constitucional”. El exmagistrado insistió en que, incluso en una primera lectura superficial, la medida despierta dudas jurídicas. “Así como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, se ve que es ilegal e inconstitucional”, afirmó, dejando entrever que la decisión del contralor podría abrir un debate sobre los límites de sus facultades.
Por su parte, Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, reconoció que la emisión del reglamento era necesaria para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que regula a la Contraloría y la faculta para adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades.
Apede hizo un llamado al Contralor General de la República a revisar algunas de las disposiciones del Reglamento de Medidas Precautorias y a eliminar la figura del secuestro. https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/zRVhMKOadW
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 7, 2025
Sin embargo, aclaró que la inclusión del secuestro sobrepasa ese marco, ya que esta figura solo puede establecerse por ley y bajo control judicial, no mediante un reglamento administrativo.
