El uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado, una práctica que con frecuencia genera cuestionamientos sobre la gestión del gasto público, volvió a la palestra esta semana durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
En medio de la sustentación de un crédito adicional solicitado por la Contraloría General de la República, los diputados formularon preguntas sobre una partida millonaria destinada a cubrir pólizas de accidentes, salud y vida para casi cuatro mil funcionarios.
El contralor Anel Flores compareció ante la comisión acompañado del subcontralor Omar Castillo y del secretario general Ventura Vega para explicar el destino de los recursos. Según la exposición oficial, el crédito adicional busca fortalecer la operatividad de la institución y atender compromisos técnicos pendientes.
Dentro de la distribución planteada, se asignan $6.2 millones a la Dirección de Administración y Finanzas; $2.4 millones, al área de Tecnología; y $5.9 millones, a Recursos Humanos. A esto se suman $6.6 millones para el Instituto Nacional de Estadística y Censo, $2.6 millones para el programa de inversiones y otros recursos destinados a direcciones con mayores necesidades.
Los detalles
Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, centró parte de sus preguntas en una partida de $3 millones destinada a una póliza colectiva para 3,984 funcionarios de la Contraloría.
Flores explicó que el contrato fue adjudicado a la compañía Palig y que la institución también solicitó $308,481 adicionales para saldar una deuda pendiente con la aseguradora Mapfre, que anteriormente prestaba el servicio.
“Ojalá no tuviésemos que tenerlo; ojalá contáramos con servicios de salud nacionales que nos permitieran evitarlo. Sin embargo, es una realidad que tenemos hoy día”, afirmó el contralor ante los diputados.
Flores reconoció que resulta “incongruente” que el Estado tenga que financiar este tipo de coberturas mientras existe un sistema público de salud. No obstante, sostuvo que se trata de una necesidad práctica mientras no se cuente con un servicio sanitario “idóneo y perfecto” para todos los funcionarios.
El debate
En la Asamblea Nacional circulan al menos tres propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado.
El mes pasado, estas iniciativas fueron analizadas en una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke. Durante la reunión se revisó, entre otras, el proyecto de ley 421, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone eliminar del presupuesto estatal las partidas destinadas a pólizas de salud, vida u otros seguros privados para servidores públicos.
En la sesión también se examinaron propuestas con objetivos similares impulsadas por los diputados Jairo Salazar y el propio Luis Duke, todas orientadas a impedir que las entidades públicas contraten o utilicen recursos del Estado para este tipo de coberturas.
La subcomisión busca unificar las iniciativas en un solo texto, fortalecer la propuesta y llevarla posteriormente a primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa MiBus y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, quienes expusieron sus observaciones sobre el alcance de las iniciativas.
Opinión técnica
El superintendente de Seguros y Reaseguros, Luis Enrique Bandera, envió una nota a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, en la que planteó su posición sobre estas iniciativas.
El regulador explicó que su intervención no busca respaldar ni rechazar los proyectos, sino aportar una visión técnica. Señaló que comprende los argumentos de los diputados en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, pero advirtió que también existe preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el sector asegurador.
Bandera subrayó además que los seguros privados representan un beneficio relevante para los funcionarios públicos, al ofrecer respaldo económico ante emergencias médicas o fallecimientos y contribuir a la estabilidad de sus familias.
A su juicio, más que prohibir este tipo de pólizas, el debate debería centrarse en establecer mecanismos de control y requisitos legales claros para su contratación. En ese sentido, advirtió que eliminar estos seguros podría tener efectos colaterales: no solo afectaría a los funcionarios, sino que también podría incrementar la presión sobre los servicios de salud pública, que ya enfrentan problemas de saturación.
Al menos 14 instituciones públicas de Panamá financian, con fondos estatales, seguros privados de salud para sus funcionarios, una práctica que ha reavivado el debate sobre los privilegios dentro del sector público y que representa un gasto superior a $95 millones.
Entre las entidades mencionadas figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
También integran la lista el Ministerio de Seguridad Pública, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón.
