La Contraloría General de la República, institución a cargo de Gerardo Solís, no pasa la prueba. El 81.3% de los entrevistados en una encuesta realizada por Mercadeo Planificado S.A., por encargo de Corporación La Prensa S.A., considera que no cumple con su papel fiscalizador del uso de los fondos públicos.
Apenas, 18.7% aprueba la gestión de esta entidad.
Los números que refleja la investigación son consecuentes con las noticias que emana la entidad: Solís, por ejemplo, considera que no hay despilfarro, mal manejo de fondos, desorden administrativo o indicios de corrupción en las juntas comunales y municipios del país. Todo gracias a lo que el contralor denomina “la cultura de corrección”.
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Ignoró de esta manera, el escándalo de la descentralización paralela. Entre junio de 2021 y mayo de 2023, la Autoridad Nacional de Descentralización desembolsó al menos $260 millones a juntas comunales y municipios, gobiernos locales allegados a influyentes diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático.
Solís, un abogado que ha ocupado al menos seis cargos públicos, fue nombrado por la Asamblea Nacional, poder del Estado controlado por el Partido Revolucionario Democrático, el 13 de agosto de 2019. Asumió el puesto el 2 de enero de 2020.
