La Contraloría General de la República de Panamá (CGRP) emitió la Resolución Núm. 3397-2025-LEG/PJ del 8 de octubre de 2025, mediante la cual ordena medidas precautorias y el secuestro de bienes por un monto de $285,845.82, con el fin de salvaguardar los intereses públicos en contra del exalcalde del Municipio de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla.
La resolución de la CGRP también adopta medidas precautorias para proteger los intereses públicos en contra de Sulay Akira Linares, Gelacio González Rodríguez y Pedro Pablo Perea.
El contralor general, Anel Flores, solicitó a la actual administración del Municipio de San Miguelito abstenerse de autorizar cualquier operación de pago o registrar cesiones de créditos posteriores a la comunicación del secuestro ordenado.
Los bienes secuestrados deberán quedar bajo la custodia de la Contraloría General de la República hasta nuevo aviso.
Un informe de la Dirección Nacional de Auditoría Forense señala que las inconsistencias o irregularidades detectadas en los ingresos recaudados por el Municipio de San Miguelito, específicamente en la agencia ubicada en Metro Mall, ocurrieron entre marzo y abril de 2022, afectando el patrimonio público municipal.
La investigación determinó una incorrecta administración de los ingresos percibidos por la institución durante ese período, a cargo de Carrasquilla.
Según la CGRP, los artículos 279 y 280 de la Constitución Política de la República de Panamá, así como la Ley 32 de 1984, facultan a la Contraloría a adoptar medidas de carácter preventivo para asegurar la protección de los bienes y fondos públicos mientras avanza el proceso investigativo.
La resolución dispone el secuestro de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos contra el Estado pertenecientes a las personas vinculadas al caso. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que concluya el proceso administrativo correspondiente.
El monto total bajo secuestro asciende a $285,845.82, cifra que coincide con los fondos presuntamente afectados por las irregularidades detectadas en la agencia municipal.
La Contraloría destacó que la medida tiene como finalidad asegurar la recuperación de fondos del Estado en caso de comprobarse responsabilidad administrativa o penal.
