La Contraloría General de la República informó este miércoles 22 de abril que actualmente hay “únicamente” siete funcionarios de la Asamblea Nacional con el pago de sus salarios suspendido, como parte del alcance de una "licencia sin sueldo por investigación", y no 39 como ha denunciado la bancada independiente Vamos.
A través de un comunicado, la entidad explicó que la medida responde a solicitudes de información presentadas por los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke, quienes pidieron una explicación formal sobre el estatus del personal afectado.
Según la Contraloría, la decisión se sustenta en el Decreto 90-2019-DNMySC, el cual establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa aplicada para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado.
“No es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso”, indicó la institución.
La Contraloría precisó además que los siete funcionarios con suspensión de pagos forman parte de procesos de verificación iniciados desde la segunda quincena de marzo. “El resto de los funcionarios ha recibido su salario de manera regular, incluyendo la primera quincena de abril”, agregó.
Pero advirtió que aumentará el número de funcionarios en esa condición. Adelantó que a partir de la segunda quincena de abril la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada formalmente, conforme al “marco normativo vigente”, y se extenderá a los funcionarios bajo evaluación.
En el comunicado, la entidad subrayó que este tipo de medida no es nueva ni responde a una coyuntura específica, señalando que durante el año pasado también se aplicaron licencias por investigación en distintos despachos de diputados, sin distinción política. Sin embargo, hasta el momento se desconoce sobre eso casos.
La Contraloría reiteró que el artículo 161 del Reglamento de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional establece que únicamente el presidente del Legislativo y el secretario general, de manera separada, pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia, por lo que cualquier situación fuera de ese marco debe ser evaluada conforme a la ley.
“Una vez concluidas las verificaciones, los casos que no cuenten con sustento serán remitidos a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades”, advirtió la institución.
Las declaraciones de la Contraloría se producen luego de que diputados de la bancada Vamos ofrecieran una conferencia de prensa y elevaran sus denuncias en el pleno legislativo, asegurando que la entidad estaría utilizando la figura administrativa como una forma de presión política.
El diputado Roberto Zúñiga arremetió contra el contralor Anel Flores, al afirmar que la Contraloría “dejó de ser un ente de fiscalización y se convirtió en un ente de extorsión”, y sostuvo que actúa como “el DENI y el G2 de la actualidad”, al supuestamente presionar a diputados mediante licencias sin sueldo impuestas a su personal.
Zúñiga cuestionó además que la situación ocurra en medio del debate del proyecto de bioetanol, al que su bancada se opone, y calificó la medida como un acto de persecución.
Por su parte, el diputado Luis Duke señaló que se estarían vulnerando derechos laborales y la institucionalidad de la Asamblea, al considerar que el personal eventual no puede ser colocado en licencia sin sueldo bajo los criterios expuestos.
