Los poderes del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción han generado preocupación en algunos sectores de la sociedad panameña, que consideran que las competencias que se pretenden ejercer las tiene, por mandato constitucional, el Ministerio Público o la Contraloría.
La disputa, incluso, provocó que el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola presentara una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 232 de 21 de julio de 2009 (Ver cuadro), que otorga la facultad de investigar al secretario del Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción.
Según Molino Mola, los poderes del llamado “zar anticorrupción” chocan con el artículo 220 de la constitución (Ver Cuadro).
El jurista, incluso, considera que el hecho de que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, use un decreto para convertir al “zar” en un agente de instrucción “es muy grave”. Este último aspecto, explicó Molino Mola, no está incluido en la demanda presentada; no obstante, lo hará notar en la fase de alegatos para que la Corte lo considere.
Los poderes otorgados al titular del cargo, Fernando Núñez Fábrega, han generado fricciones con la procuradora, Ana Matilde Gómez, quien también ha expresado sus inquietudes.
Martinelli, por su parte, reaccionó señalando que lo importante es que se haga el trabajo, no quién lo hace.