El Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal de Panamá (Ccscp) tiene apenas un día de vida pero ya genera dos lecturas opuestas.
Para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) representa la continuidad de una coordinación de décadas; mientras que el abogado y analista Rodrigo Noriega, advierte que choca con la Constitución.
Consultada sobre el tema, la subadministradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta, descartó que la nueva estructura implique una intervención en la vía interoceánica.
Recordó que la seguridad del Canal es una responsabilidad del Estado y que la ACP siempre trabajó con las entidades encargadas de proteger el país, aunque la coordinación ocurría de manera independiente con cada institución.
“En este caso no es que ellos van a intervenir en el Canal. Es lo mismo que hemos venido haciendo con ellos”, afirmó.
Espino de Marotta añadió que la nueva estructura permitirá consolidar la coordinación entre los estamentos de seguridad y facilitará la atención de situaciones especiales, como los tránsitos que requieren mayores medidas de protección.
‘Tiene que ser por ley’
Noriega coincide en un punto de partida: el Canal necesita una defensa especializada, con equipos de seguridad industrial y marítima y tácticas específicas. Su objeción apunta al instrumento y al diseño.
No obstante dice que el último párrafo del artículo 310 de la Constitución, impide al Ministerio de Seguridad Pública crear estos comandos por vía administrativa.
“Tendría que presentar un proyecto de ley a la Asamblea”, señaló.
Pero su advertencia va más allá del trámite. Incluso con una ley de por medio, afirma, el diseño de un mando común sería inviable: “El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), no le puede dar órdenes a la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) no le puede dar órdenes al Senan. Cada uno debe tener su escalafón y su mando separado, que es lo que manda la Constitución”, añadió.
Noriega propuso una salida que, a su juicio, respeta el Estado de derecho: una oficina de coordinación en la que cada comisionado moviliza los recursos de su propia institución a solicitud de los demás, sin una línea de mando única.
El riesgo de ser juez y parte
El jurista identificó, además, un problema de equilibrio institucional. La Policía Nacional, recordó, tiene funciones de investigación de delitos. Si un miembro del Senan o del Senafront incurre en una actividad irregular dentro del comando, la institución llamada a investigarlo compartiría mando con el investigado.
“Allí hay un problema de juez y parte”, advirtió. “La Policía Nacional debería tratar de estar lo más aparte de lo que hagan los otros dos cuerpos de seguridad para mantener la independencia y la objetividad cuando se hace una investigación criminal”, planteó.
Un mensaje hacia afuera y otro hacia adentro
Sobre el momento del anuncio, un día después del inicio de los ejercicios Panamax 2026 y en la antesala de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, Noriega leyó dos mensajes distintos.
Hacia afuera, un gesto dirigido al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: la demostración de que Panamá cumple su promesa y cuenta con un cuerpo especializado dedicado a la defensa del Canal.
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Hacia adentro, una señal que le preocupa más: “Un mensaje de concentración de poder por parte del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y de que ciertos mandatos fundamentales del orden constitucional se pueden flexibilizar en este tema, lo que es sumamente peligroso para una democracia tan joven como la panameña”.
El Ccscp quedó establecido mediante la Resolución 190 de 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial 30583-B el 5 de agosto, con las firmas del ministro Ábrego y del viceministro Luis Felipe Icaza.
La estructura integra a la Policía Nacional, el Senan, el Senafront y el Sume bajo una sola línea de mando adscrita al Minseg, con recursos económicos que aporta la ACP en virtud de un acuerdo marco entre ambas entidades.
