Después de 11 días fuera del foco público, el presidente Laurentino Cortizo reapareció el pasado martes y ayer miércoles, con la mirada puesta en la mesa única del diálogo por Panamá.
En la tarde de ayer miércoles, el mandatario arribó a Penonomé para reunirse con el arzobispo de Panamá y facilitador del diálogo, José Domingo Ulloa, y solicitarle la incorporación a la mesa de representantes del sector privado con quienes se reunió el martes, como lo anunció ese día en un mensaje a la nación.
En la alocución, Cortizo habló de los acuerdos pactados hasta ese momento en la mesa y precisó que los productos agregados a la lista de control de precios representan un ahorro de al menos 80 dólares en el costo de la canasta básica, al tiempo que con la rebaja en el precio del combustible, que según afirmó impactará el costo final de todos los productos, el ahorro será superior al 30%.
Además, pidió acabar con los cierres de calles y ayer miércoles exhortó a los educadores a volver a las aulas.
Pero el gobernante no dijo nada sobre la ley que permite a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, reeligirse por tercera vez consecutiva. Y eso que este ha sido un tema reiterado en las protestas, con especial resonancia luego de que la funcionaria celebrase su cumpleaños con una fiesta a todo dar en una tarima de la Feria de David, en medio de la crisis.
La idea de modificar la Ley 4 de 2006 –que reorganiza la Unachi– para que el rector sea elegido por cinco años y pueda ser reelecto por dos periodos consecutivos, fue impulsada por el diputado perredista Raúl Pineda, parte del círculo cero de la bancada oficialista, que dirige Benicio Robinson.
De hecho, la propuesta tuvo el respaldo de toda la bancada del Partido Revolucionario Democrático y Cortizo la sancionó en abril pasado.
Desde entonces, son muchas las voces que piden la renuncia de Medianero y que se derogue dicha ley.
La semana pasada, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió la renuncia de la rectora, cuyo salario suma $13 mil 500.
Este martes, la diputada de Cambio Democrático Ana Giselle Rosas fue más allá y presentó un anteproyecto de ley que frenaría la reelección de la rectora.
El anteproyecto de ley, de tres artículos, establece que el rector de la universidad solo puede ser elegido para un periodo de cinco años e impide que se postule o sea reelecto en los dos periodos siguientes, como dice la norma vigente. La propuesta también alcanza a los decanos y vicedecanos.
La Ley 292 del 1 de abril de 2022, sancionada por Cortizo, detalla que “los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores regionales serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el procedimiento que rige la elección del rector, mientras que el personal administrativo con dos años o más de servicios continuos tendrá derecho a su permanencia, mediante reglamento que apruebe el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario y condicionada a la existencia de la posición dentro de la estructura y a la partida presupuestaria”.
La última vez que la rectora de la Unachi estuvo en la Asamblea, la Comisión de Presupuesto le aprobó un crédito adicional de $9.4 millones que, según dijo, serán utilizados para homologar los salarios de los docentes de la Unachi con los de la Universidad de Panamá.
En tanto, el contralor Gerardo Solís informó este martes, a través de un comunicado, que dicha entidad realiza una auditoría en la Unachi, cuyos resultados serán entregados a las autoridades competentes. “Nosotros no andamos anunciando un tema que es de carácter jurídico y que puede atentar contra la presunción de inocencia”, dice la nota.
En febrero pasado, la fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, pidió llamar a juicio de Medianero de Bonagas, al exrector de la Unachi Héctor Requena Núñez y a una docente que, según advirtió, no ha podido justificar el cumplimiento de las horas administrativas.
La fiscal precisó que pidió enjuiciar a Medianero de Bonagas y a Requena de manera solidaria, ya que, pese a tener conocimiento de que la docente laboraba en el Ministerio de Educación, consintieron su nombramiento y, por ende, que continuara ejerciendo ambos cargos a tiempo completo. Este caso está en manos del Tribunal Administrativo de Cuentas.
