El presidente Laurentino Cortizo sancionó el pasado 26 de noviembre la Ley No. 258, que le regresa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar administrativamente a funcionarios, como ministros y el contralor general de la República.
La nueva norma fue publicada este 26 de noviembre en la Gaceta Oficial No. 29424-C y restablece la vigencia del literal b del numeral 2 del artículo No. 86 del Código Judicial.
Tras su promulgación la CSJ podrá investigar delitos comunes o faltas cometidas por los procuradores generales de la Nación y Administración, los miembros de la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral.
Adjuntos
Ley No. 258.pdfLa propuesta del proyecto de ley No. 733, que fue aprobado al final del pasado periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, causó suspicacia, entre otras cosas, porque fue aprobada en primer y segundo debate en menos de 24 horas y sin una opinión de alguna autoridad ligada al tema investigativo.
Además de que se presenta justo cuando en los últimos meses se han dado denuncias contra altos funcionarios ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
El proyecto de ley No. 733, según su proponente, el diputado Roberto Ábrego, de la bancada del oficialista del Partido Revolucionario Democrático, buscaba “subsanar un vacío jurídico” que se ha producido respecto al conocimiento de las faltas que pudieran cometer los ministros, los procuradores de la Nación y de la Administración, los miembros de la Asamblea Nacional, el contralor general y los magistrados del Tribunal Electoral.
