El presidente Laurentino Cortizo tiene en su despacho al menos 11 proyectos de ley para su sanción o rechazo; cuatro de ellos dividen a la opinión pública pues implican una carga presupuestaria y fiscal para el Estado y tienen un alto componente político.
Se trata de la propuesta que establece que el presupuesto de educación no será inferior al 6% del PIB, la que mantiene el crédito fiscal de entre 60% a 100% para las inversiones turísticas que se realicen fuera del distrito de Panamá, el que da vida al Ministerio de la Mujer y el que modifica la carrera legislativa para blindar la actual planilla de la Asamblea Nacional.
En su mayoría, estas iniciativas fueron impulsadas por diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Las polémicas
El proyecto de ley 920, que modifica un artículo de la Ley 47 de 1946 (que es la ley orgánica de educación), llegó al pleno de la mano de los perredistas Alina González y Crispiano Adames, presidente de la Asamblea. Esto, luego de que el gremio magisterial, uno de los grupos que paralizó al país en julio pasado con diversos reclamos y cierres de calle, exigiera más recursos para la educación, como parte de los acuerdos de la primera fase de la mesa de diálogo que se instaló en aquella época en Penonomé, Coclé.
La iniciativa, respaldada por gremios magisteriales, busca que el gasto público e inversión en el sector educativo no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2023. Y a partir de 2024, no será inferior al 7%del PIB.
Los incentivos
En la lista de proyectos que esperan por una decisión de Cortizo está el que pretende mantener los créditos fiscales a las inversiones turísticas. La propuesta fue aprobada el 6 de octubre pasado por el pleno legislativo y es el tercer proyecto de ley que surge de esta Asamblea, con el objetivo de que el Estado reconozca los dineros que los promotores invierten en proyectos turísticos fuera del distrito de Panamá.
Las iniciativas anteriores (las hoy leyes 122 de 2019 y 314 de 2022) generaron duras críticas y un repudio colectivo, lo que llevó a Cortizo a prometer su derogación en medio de la crisis por las protestas de julio pasado. Pese a que el mandatario presentó un proyecto para derogar las leyes 122 y 314, su bancada, la del PRD, no le hizo caso y presentó un proyecto de ley aparte, el número 888, que blinda estos créditos fiscales para los desarrolladores con proyectos aprobados. Es una iniciativa insólita, además, porque mantiene la vigencia de los incentivos “hasta el día siguiente a la promulgación de la presente ley”.
En medio del endeudamiento público, la supuesta contención del gasto y la crisis económica como consecuencia de la pandemia por la covid-19, inventaron crear un nuevo ministerio: el de la Mujer. El proyecto de ley 811 fue presentado por María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social.
Con esta iniciativa se pretende convertir al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) en un ministerio, pero según diputados que se opusieron al proyecto, esto conllevaría gastos y aumentaría la planilla estatal.
Por ahora, no hay cifras precisas de cuánto le costará al Estado un nuevo ministerio. El ejemplo más cercano es el de la migración del Instituto Nacional de Cultura al Ministerio de Cultura. En 2019, cuando era instituto, recibió $46.9 millones de presupuesto, mientras que para el 2023, a dos años y medio de ser ministerio, se le recomendó $52. 2 millones para inversiones y gastos.
El mandatario tampoco se ha referido al proyecto de ley 714 que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998, que desarrolla la carrera del servicio legislativo. Esta propuesta busca blindar al personal permanente de la Asamblea y de paso flexibiliza el ingreso de los funcionarios a la carrera legislativa.
La propuesta fue impulsada por el diputado perredista Raúl Pineda y establece que ingresarán a la carrera legislativa aquellos funcionarios que tienen dos años laborando en la Asamblea, lo que les garantiza la estabilidad. Estos funcionarios serán incorporados sin necesidad de concurso.
La planilla de la Asamblea Nacional ha sido de las más cuestionadas en todos los periodos, pues su gasto presupuestario es incrementado con facilidad. Para el 2023, la Asamblea dispondrá de $138.3 millones para presupuesto de funcionamiento (de un total de $150 millones) y, de esa cifra, $108 millones será para pagar lo que se denomina “servicios personales”, sueldos de personal permanente y otras planillas.
Cabe señalar que todas estas iniciativas implican más presupuesto, precisamente el tema que ha sacado a relucir el presidente de la República para vetar el proyecto de ley que reformaba la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública en el país, y el que ampliaba el Programa de Asistencia Social Educativa (Pase-U), antes, beca universal.
Los otros temas
También se encuentra en espera del veto o sanción presidencial la propuesta 898, de la diputada perredista y primera vicepresidenta de la Asamblea, Kayra Harding, que crea el patronato de la feria internacional de Arraiján, que es parte del circuito que ella representa. Otra propuesta es la número 814, que modifica la Ley 47 de 2012, que declara el día del canto de la décima panameña, del poeta, del trovador y de los artistas relacionados con esta y reconoce a la mejorana como instrumento tradicional en las manifestaciones folclóricas panameñas.
Lo que dice la Constitución
El artículo 169 de la Constitución señala que el Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto y, si no lo hiciese en el término indicado, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar. Es decir que el silencio del Ejecutivo es interpretado como un aval y el proyecto queda convertido en ley.
