El presidente Laurentino Cortizo vetó el proyecto de Ley 378 que denomina Centro Educativo Silvia Esther Godoy, a la escuela La Trinchera, en Veraguas.
Silvia Esther Godoy fue la maestra asesinada a bala y machete por el padrastro de una de sus alumnas. El homicidio ocurrió el 3 de junio en 2008, en Quebrada Budí, una comunidad del distrito de Soná en Veraguas, luego de que Godoy denunciara al hombre por violar a su propia hijastra.
En una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, Cortizo da a conocer los motivos por los que objetó por “inconveniente e inexequible” la iniciativa legislativa.
Para catalogarlo “inexequible”, Cortizo argumenta razones políticas. Alega que los diputados si bien actúan en interés nacional, representan tanto a sus partidos políticos como a sus electores; y en este caso, explica, la diputada Fatima Agrazal, proponente del proyecto, pertenece al circuito 9-1 (Santiago de Veraguas), y no al 9-2 de Soná, donde está la escuela.
Esto, de acuerdo al mandatario, “afecta a un asunto propio de una comunidad ajena al circuito electoral al que ella representa”, por lo que se viola el artículo 150 de la Constitución sobre la representatividad de los diputados. El diputado del circuito 9-2 es Ariel Alba, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Adjuntos
proyecto vetadoEl Presidente también afirma que Agrazal omitió disposiciones de la Ley 47 de 1946, orgánica de educación, que en su artículo 22 dice que es al Ministerio de Educación a quien corresponde la dirección, supervisión, organización, de todas las instituciones educativas. Añade que en una nota del 20 de abril de este año, la comunidad educativa de la escuela La Trinchera y miembros de la población, se opusieron al cambio de nombre.
La Asociación de Educadores de Veraguenses (AEVE) cuestionó el tema en su cuenta de Twitter. “Hasta donde la politiquería del PRD y su diputado del 9-2 interfiere en una gestión tan noble. La muerte de una educadora por defender a una alumna no vale nada”.
Mientras que la diputada Agrazal, en un comunicado asegura que AEVE realizó “un sin número” de consultas en La Trinchera para realizar el cambio de nombres. También alega razones partidistas, y cuestiona que Cortizo haga referencia a una nota de oposición de moradores de la comunidad, que, añade, “seguramente lo que refleja es la postura de un diputado del PRD”.
Por último argumenta que no existe un artículo en la Constitución que limite a los diputados a solo legislar en “beneficio de un determinado circuito”.
