Con la detonación de explosivos en cerro Paraíso el 3 de septiembre de 2007 se iniciaron los trabajos de ampliación del Canal de Panamá. El hecho también marcó el inicio de la destrucción de 470 hectáreas de bosque secundario, de las cuales 332 ya sucumbieron por el paso de los tractores.
Hasta ahora, la ampliación de la vía interoceánica también ha representado la destrucción de 22 hectáreas de mangles.
El proyecto de ampliación del Canal de Panamá tiene un “costo ecológico desde el punto de vista de vegetación”, señala el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
“La duración del impacto será larga dado que las áreas verdes en la zona donde será removida la vegetación no se recuperarán por mucho tiempo”, señala el EIA.
Los efectos de la obra no se limitan a la devastación de bosques. El ensanche de la ruta, la construcción de las tinas de reciclaje de agua y del nuevo juego de esclusas también traen consigo la erosión de suelos y el desvío de los ríos Grande y Cocolí.
Son las consecuencias ambientales de un proyecto que fue aprobado en un referendo, de forma mayoritaria: un 76% de los panameños se manifestó a favor y 21.94% lo rechazó. En esa ocasión –22 de octubre de 2006–, 905 mil 445 panameños acudieron a las urnas, de los 2 millones 132 mil 842 habilitados para votar.
Cuatro años después y el proyecto en pleno desarrollo los ambientalista no están fiscalizando la obra. Félix Wing, director de asesoría legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), admite que no está pendiente del tema. Mir Rodríguez, director de Almanaque Azul, indicó lo mismo.
