Crece rechazo al decreto que regula plataformas: denuncian ‘mafia transportista’

Las críticas contra el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que busca regular las plataformas digitales de transporte selectivo como Uber, continúan sumándose desde distintos sectores políticos y ciudadanos, en medio de señalamientos de que la norma favorece a las prestatarias tradicionales y limita la libre competencia.

El diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, calificó este domingo la medida como un retroceso y cuestionó su impacto para los usuarios.

“La modernización del sector pasa por una reforma que entienda las nuevas tendencias del transporte y desmonte el obsoleto modelo de prestatarias o concesionarias”, afirmó.

En la misma línea se pronunció Juan Diego Vásquez, líder de Vamos, quien señaló que el problema de fondo no es la plataforma tecnológica, sino el modelo de intermediación que, según él, ha dominado el transporte selectivo en Panamá durante años.

“Hay que romper con el sistema de prestatarias y/o concesionarias que está dominado por los amigos del Presidente. Todo lo demás es cuento. Denle el machete al conductor. Eliminemos trámites que generan corrupción”, sostuvo.

El exdiputado y exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, también se sumó al rechazo tras revisar el contenido del decreto.

Consideró que la regulación no responde a las necesidades actuales del país y pidió su derogación inmediata.

“Puedo concluir, una vez más, que quien lo redactó o recomendó al Presidente firmar eso, no estaba pensando en el país, sino en seguir protegiendo los intereses del pasado para beneficiar a las prestatarias”, expresó.

Las reacciones también han llegado desde figuras vinculadas al sector transporte. Ovigildo Herrera, exdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), lanzó una crítica directa al sistema de cupos y a los intereses que —según dijo— controlan históricamente la actividad. “Hace años lo tienen secuestrado y el director de ATTT que intenta frenarlos lo destituyen”, escribió.

En redes sociales, el rechazo ha escalado con análisis más extensos. El ciudadano Juan Escudero publicó un comentario crítico en su cuenta de X en el que calificó el decreto como “un monumento a la mediocridad” y “un golpe de Estado a la libertad del consumidor panameño”.

Su principal cuestionamiento apunta a la afiliación obligatoria de conductores a prestatarias, una disposición que, a su juicio, representa una forma de institucionalizar la intermediación tradicional.

“Obligar a una plataforma tecnológica a pasar por el filtro de los dueños de los cupos de taxi no es regular, es institucionalizar la vacuna”, señaló Escudero, al advertir que se impondría un “peaje” al trabajador independiente y se consolidaría un modelo de burocracia y clientelismo.

Escudero también cuestionó otros puntos del decreto, como la exigencia de licencia profesional tipo E-1 y la limitación del registro únicamente a nacionales, aspectos que —según su argumento— desvirtúan el modelo de economía colaborativa y elevan las barreras de entrada para quienes buscan generar ingresos mediante plataformas digitales.

Todos los cuestionamientos llegan a la conclusión de que la actualización que impulsa el gobierno se asemeja al sistema tradicional de transporte público selectivo, pero ahora bajo la denominación de “Taxi de Lujo” (TL).

De hecho, la norma define como Taxi de Lujo (TL) el servicio que puede ser solicitado mediante herramientas digitales y que cuenta con tarifas especiales pagadas electrónicamente o en efectivo.

Para este lunes se espera un pronunciamiento del presidente José Raúl Mulino, quien adelantó, el sábado 18 de abril, que sostendrá una reunión con las autoridades del Tránsito y del Ministerio de Gobierno.

José González Pinilla

Editor