La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional entrevistó a tres aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral que, según una interpretación de la Constitución, no podrían ser designados para el cargo por mantener vínculos laborales con la propia entidad nominadora: el Órgano Legislativo.
Se trata de Raúl Gutiérrez, Javier Ordinola y Ceila Peñalba, quienes actualmente figuran como funcionarios de la Asamblea Nacional.
El cuestionamiento surge a partir de una disposición constitucional, artículo 142, que establece que los magistrados del Tribunal Electoral deben ser escogidos entre personas que no formen parte de la autoridad nominadora.
En este caso, la Asamblea —responsable de la designación— aparece simultáneamente como el origen institucional de los aspirantes, lo que abre un debate sobre la legalidad de su eventual nombramiento.
Aunque la norma no prohíbe de forma expresa la postulación de funcionarios públicos, sí plantea una restricción clara respecto a su pertenencia al órgano que realiza la designación. De ahí que algunos juristas sostengan que la incompatibilidad es inmediata, mientras otros consideran que podría subsanarse mediante la renuncia previa al cargo antes de la escogencia formal.
Este último criterio tiene un antecedente en la práctica reciente. El actual magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, renunció a su cargo en la Asamblea Nacional antes de ser designado, precisamente para evitar cuestionamientos sobre su elegibilidad frente a la prohibición constitucional.
En total, la Comisión de Credenciales entrevistó a 24 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral y actualmente lleva a cabo el proceso de escogencia. Entre las figuras que destacan están el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso; el propio Juncá, quien busca la reelección; y el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi.
