El escenario económico en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se agudiza, especialmente en lo relacionado con el pago de la planilla.
Profesores y personal administrativo de la institución informaron que no han recibido el pago correspondiente a sus salarios quincenales, una situación que ha incrementado la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.
La planilla de la Unachi ha sido uno de los temas más cuestionados en los últimos años, especialmente durante la administración de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas. En la actualidad, el gasto mensual ronda los 6 millones de dólares para el pago de aproximadamente 2 mil funcionarios, entre personal administrativo y docente, lo que mantiene bajo escrutinio la sostenibilidad financiera de la institución.
De hecho, el presupuesto de unos 80 millones de dólares asignados a la entidad para este año ya se habría agotado, por lo que ahora depende de los desembolsos del Tesoro Nacional.
Por ello, esta semana el contralor Anel Flores subrayó que la suspensión de los pagos no responde a una decisión de la Contraloría General de la República, sino a la falta de fondos disponibles en las cuentas de la universidad.
Flores sostuvo que la situación es consecuencia de un manejo administrativo deficiente acumulado durante los últimos años. “La Unachi no tiene plata para pagar su planilla”, señaló el funcionario, quien aseguró que el problema financiero es de conocimiento público y refleja las dificultades presupuestarias que enfrenta la casa de estudios superiores.
Otro de los principales cuestionamientos en torno a la planilla de la Unachi es la concentración de altos salarios, ya que cerca de 500 funcionarios perciben remuneraciones superiores a los 5 mil dólares mensuales, dentro de los cuales aproximadamente 250 reciben entre 7 mil y 10 mil dólares.
Este esquema salarial ha sido objeto de críticas por su impacto en la estructura de gastos de la institución. El propio ministro de Economía, Felipe Chapman, planteó públicamente que la universidad debería reestructurar su esquema salarial para que el presupuesto rinda.
A ello se suma que, incluso en medio de la crisis financiera, el año pasado las autoridades universitarias realizaron nuevos nombramientos de personal administrativo, lo que ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad y el manejo de los recursos en la casa de estudios.
Esto se lo hizo saber Justin Williams, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Derecho y miembro de la Junta de Facultad, al rector interino Pedro González durante una reunión con autoridades docentes, administrativas y estudiantiles de la Unachi, este viernes 12 de junio.
El dirigente estudiantil cuestionó además presuntas decisiones administrativas relacionadas con contrataciones en la universidad, planteando interrogantes sobre el manejo de personal. “El principal problema de la crisis actual son ustedes”, reiteró, al tiempo que pidió explicaciones sobre supuestos nombramientos de más de 100 administrativos en 2025 y aumentos en la planilla en años recientes, en medio del debate interno por la situación financiera de la casa de estudios.
Funcionarios en el limbo
Otro de los temas advertidos recientemente por el Ministerio de Educación a las autoridades de la Unachi, durante una reunión sostenida esta semana, es la presunta designación de docentes y personal administrativo en condición de permanencia sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Esta situación, según se planteó, deja dichas permanencias en un estado de incertidumbre jurídica.
En el caso de los docentes, estos se encuentran en un limbo legal en torno a su estabilidad laboral, a partir de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 4 de 2006, que ordena la creación del Reglamento de Carrera de Docencia e Investigación. Sin embargo, a casi dos décadas de su aprobación, dicho reglamento no ha sido implementado, lo que ha dejado en el aire los procesos de permanencia, ascensos de categoría y cambios de dedicación salarial dentro del estamento docente.
En este vacío normativo, las decisiones administrativas sobre nombramientos y estabilidad laboral se han venido adoptando mediante mecanismos internos, acuerdos institucionales y criterios discrecionales impulsados por la exrectora, sin un marco reglado que garantice procesos de mérito, evaluación científica y transparencia.
Esto ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las permanencias otorgadas en los últimos años, las cuales, según análisis jurídicos, podrían carecer de sustento formal al no estar respaldadas por el reglamento exigido por la propia ley orgánica.
La situación también tiene implicaciones en materia de acreditación y calidad académica. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) exige que las universidades cuenten con personal docente seleccionado mediante concursos públicos y normas claras de carrera académica.
Al no existir el reglamento correspondiente, la Unachi enfrenta serias observaciones en sus indicadores de gestión de recursos humanos, lo que, de acuerdo con especialistas, podría comprometer su proceso de acreditación institucional y poner bajo escrutinio la validez de su modelo académico ante evaluadores externos.
Una situación similar se registra en el caso del personal administrativo, cuyas permanencias tampoco habrían sido validadas por la Dirección General de Carrera Administrativa.
